El lunes, el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló las condenas contra Lula, argumentando que hubo un complot entre los fiscales y el juez para inculpar al expresidente y que la corte que las dictaminó no era competente.
En 2018, el líder socialista fue condenado a 12 años de prisión por corrupción y lavado de dinero como beneficiario de un tríplex en Guarujá (litoral de Sao Paulo), condena que se extendió a 17 años en 2020 por supuesto recibo de sobornos de constructoras, relacionado con un sitio en Atibaia (Sao Paulo), a cambio de influir en la obtención de contratos en Petrobras.
Lula llegó a pasar 580 días en prisión. Fue liberado después de que el Tribunal Supremo de Brasil determinara en noviembre de 2019 que todos los condenados tenían derecho a agotar todos los recursos judiciales antes del cumplimiento efectivo de la pena.
Lula siempre ha negado todos los cargos en su contra y sostiene que es víctima de una “persecución judicial y política”.
En la actualidad, la última medida judicial significa una victoria para el Partido de los Trabajadores (PT), puesto que Lula vuelve a tener derechos políticos y podría ser la carta presidencial en 2022.
De esta manera, Lula se convierte el “principal oponente” del actual presidente brasileño, Jair Bolsonaro, cuyas medidas han sido objeto de amplios cuestionamientos; en concreto, su gestión de la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, ya que minimizó la gravedad del virus, asistiendo a mítines sin mascarilla, saliendo a comer a la calle, organizando asados y asistiendo al campo de tiro.
El ultraderechista presidente Bolsonaro es fuertemente criticado por sus sorprendentes declaraciones respecto a la pandemia, por lo que los brasileños le llaman “genocida” y piden su renuncia.
Entretanto, analistas financieros indican que la candidatura de Lula probablemente llevaría al actual presidente a a abandonar las reformas económicas puestas en marcha desde 2018 y a adoptar medidas que le aseguren el apoyo en las urnas.
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