El objetivo principal del viaje del canciller Aloysio Nunes Ferreira a Washington es dejar claro que Temer “va a quedarse” en el cargo a pesar del escándalo de corrupción con la empresa JBS que estalló hace dos semanas, declaró Nunes el martes a la prensa.
Explicó que en su visita quiere confirmar a las autoridades estadounidenses que las “instituciones democráticas” en Brasil siguen funcionando. “Brasil tiene instituciones democráticas que funcionan, hay un Poder Judicial fuerte, un Ministerio Público que funciona sin ningún obstáculo”, agregó el diplomático quien prevé reunirse el viernes con el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson.
Durante varias semanas se han producido multitudinarias movilizaciones en Brasil para exigir la renuncia de Temer y elecciones directas. “No cabe realizar elecciones directas porque eso es algo que la Constitución brasileña no admite”, adujo el ministro quien planea exponer ese argumento en EE.UU.
Washington le ratificó su apoyo al Gobierno de Temer desde que este sustituyera a la destituida expresidenta Dilma Rousseff tras el impeachment —31 de agosto de 2016—.
Posteriormente en mayo de 2016, varios datos revelados por Wikileaks dieron a conocer que Temer entregó información secreta de Brasil a Estados Unidos, a cambio del apoyo de ese país para destituir a Rousseff.
De hecho, según Juliane Assange, fundador de Wikileaks, Temer era un informante de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA, por sus siglas en inglés), y tuvo reuniones privadas en la embajada de EE.UU. en Brasilia antes de la separación de Rousseff de su cargo.
No cabe realizar elecciones directas porque eso es algo que la Constitución brasileña no admite”, aseguró el canciller brasileño, Aloysio Nunes Ferreira.
Ahora, un año después de llegar al poder en Brasil, Temer parece estar a punto de caerse con la misma trampa usada contra Rousseff. El martes, el Tribunal Supremo de Brasil autorizó un interrogatorio de la Policía Federal al presidente, quien deberá responder por escrito y en un plazo de 24 horas a las preguntas que le planteen los investigadores sobre su supuesta implicación en una trama de corrupción.
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