Según una nota difundida en medios brasileños, Lula da Silva, junto con otras diez personas, entre ellas el empresario Marcel Odebrecht, ha sido acusado por corrupción, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
La denuncia sindica al exmandatario de supuesta interferencia entre 2008 y 2015 en las actividades del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil con el fin de beneficiar a la constructora Odebrecht en la obtención de contratos en Angola.
En el caso del expresidente, las penas máximas sumadas llegan por lo menos a 35 años de reclusión, además de multas", señala el comunicado del Ministerio Público Federal que inició la acción penal.
Por su parte, la empresa habría repartido entre los involucrados 30 millones de reales (unos 9,3 millones de dólares) en sobornos.
"En el caso del expresidente, las penas máximas sumadas llegan a por lo menos 35 años de reclusión, además de multas", ha precisado el comunicado del Ministerio Público Federal que inició la acción penal.
Sin embargo, Lula da Silva, a través de su página de Facebook, ha rechazado los cargos y ha considerado la acusación como parte de "una persecución política".
"Criminalizar una actividad que también realizan otros expresidentes sólo se entiende como una persecución política", ha expresado.
Algunos analistas ven en Brasil una campaña contra los líderes izquierdistas del país. En el marco de la cual, además de la destitución de Dilma Rousseff como presidenta del país, se han iniciado acciones judiciales contra Lula da Silva, por acusaciones de corrupción y lavado de dinero en la causa Petrobras.
Lula da Silva ha rechazado los cargos de corrupción que se le imputan y, por su parte, Rousseff asegura que las acusaciones contra su antecesor en la Presidencia buscan evitar que pueda presentarse como candidato en los próximos comicios.
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