• El presidente de Bolivia, Luis Arce, (centro) en una reunión con los alcaldes del Trópico de Cochabamba. 11 de noviembe de 2021
Publicada: domingo, 14 de noviembre de 2021 6:32

El presidente de Bolivia, Luis Arce, anuncia la abrogación de la Ley Madre para promover la actividad laboral y la reactivación de la economía.

En una reunión mantenida el sábado con varios gremios y sectores de la sociedad boliviana, Arce dijo que había tomado la decisión de revocar la Ley 1386, también denominada Ley madre, la cual es utilizada por grupos extremistas para desestabilizar el país.

Hemos tomado la decisión de abrogar la Ley 386, con el objeto de allanar el camino para que no exista el mayor pretexto para seguir maltratando, enlutando y paralizando nuestra economía”, señaló el mandatario.

Según Arce, aunque el debate de la ley fue convocado por movimientos sociales, no obstante, está siendo instrumentalizado por grupos extremistas para generar caos e inestabilidad. En este sentido, explicó que su Gobierno da seguimiento a la agenda política detrás del cuestionamiento de esta normativa, que incluye los acuerdos suscritos entre los ministros que se han desplazado a los nueve departamentos con organizaciones sociales para revisar propuestas que pudieran modificar artículos de la legislación.

Asimismo, puntualizó que Bolivia ya no quiere más zozobra ni dolor en la sociedad, por lo que se busca la tranquilidad para que se reanuden las labores y se avance en la reconstrucción de la economía.

Varios representantes de gremios (campesinos, transportistas y trabajadores) expresaron la defensa a la democracia y constitucionalidad del país, al mismo tiempo, advirtieron que los denominados comités cívicos (dirigidos por miembros de extrema derecha) pretenden dar otro golpe de Estado, por lo que, aseguran, se mantendrán en alerta ante los llamamientos violentos de grupos extremistas.

La Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo fue aprobada el pasado mes de agosto y tenía como objetivo judicializar a ciudadanos que hubieran incurrido en el blanqueo de capitales.

Esta medida que contenía siete artículos fue rechazada por algunos sectores sociales, pues aludían que permitiría al jefe de Estado a tener un “mayor poder para hacer inteligencia financiera”, consigna que ha sido acogida por comités cívicos (copartícipes del golpe de Estado contra Evo Morales) para convocar bloqueos y estancar el proceso de reactivación económica que lleva a cabo el país.

Las autoridades bolivianas denuncian que se cierne el peligro de una intentona golpista contra el Gobierno socialista de Arce, para evitar que la justicia caiga sobre los autores del golpe de Estado contra el presidente Evo Morales en 2019.

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