El militante del Movimiento al Socialismo (MAS) Luis M. Arancibia cuestionó el jueves la compra de agentes químicos y gases antidisturbios por parte de las autoridades del gobierno autoproclamado de Bolivia, afirmando que deberían dedicar recursos a los fármacos y productos para poder hacer frente a la COVID-19 y su propagación.
En este sentido, se han registrado críticas al accionar de la presidenta autoproclamada de Bolivia, Jeanine Áñez, y las autoridades que están a la cabeza de Salud en cuanto al nuevo coronavirus, ya que hasta la fecha no hay hospitales específicos destinados al aislamiento de los casos contagiados y no se tienen planificados los espacios para trasladar a pacientes.
Además, el ministro de Salud del gobierno de facto, Aníbal Cruz, confirmó el mismo jueves que la jefa nacional de Epidemiología, Carola Valencia, fue destituida del cargo debido a una “restructuración administrativa”. Al respecto, Arancibia ha indicado que destituyó porque “no existe capacidad técnica para encarar el brote de coronavirus en Bolivia”.
“Reestructuración administrativa”, léase “no existe capacidad técnica para encarar el brote de #CoronavirusBolivia” #DictaduraEnBolivia #GolpistasIncapaces#FueGolpe https://t.co/qb9HqsMMCq
— Luis M. Arancibia (@LuMauAran) March 12, 2020
Esto mientras que, según el diario La Razón, el gobierno de Áñez autorizó la asignación de 40 millones de bolivianos (cerca de seis millones de dólares) para pagar la compra de agentes químicos –gases antidisturbios o antimotín– para enfrentarse contra los partidarios del expresidente boliviano Evo Morales.
Morales renunció a su cargo el pasado 10 de noviembre tras el golpe de Estado en su contra por la oposición que desconoció su reelección en las elecciones del pasado 20 de octubre. En seguida, el gobierno de facto se autoproclamó, lo que generó masivas protestas por la población.
A lo largo de las marchas, las Fuerzas Armadas usaron armas y agentes químicos para dispersar a los manifestantes y murieron más de 30 personas en sendas masacres, en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto).
Diversas organizaciones internacionales, entre ellas, Amnistía Internacional (AI), la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han denunciado que la violencia en el país andino constituye una violación a los derechos humanos.
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