"La ley boliviana exige que en la apelación se presenten cosas nuevas, porque sino la decisión de negarle el refugio se mantiene como en primera instancia", precisó el sábado Segura para luego agregar que no hay elementos nuevos que sustenten que Belaunde es víctima de una persecución política.
"La justicia boliviana debería expulsar a Belaunde hacia Perú porque ingresó ilegalmente en Bolivia."
Después del eventual rechazo de la apelación, agrega el procurador, la justicia boliviana debería expulsar a Belaunde hacia Perú "porque ingresó ilegalmente" en Bolivia, donde solicitó refugio, tras permanecer prófugo desde junio de 2014 huyendo de las acusaciones del Gobierno peruano.
A su juicio, las gestiones del Gobierno de Lima desde un principio han estado encaminadas a repatriar al empresario, quien tiene una orden de captura internacional desde el 11 de septiembre de 2014.
El Gobierno peruano pidió a las autoridades bolivianas que le negaran asilo a Belaunde y lo extraditaran a Perú para que responda por la presunta comisión del delito contra la administración pública, colusión simple y agravada, negociación incompatible, tráfico de influencias y asociación ilícita, así como del delito de peculado (malversación de fondos públicos) en agravio del Estado peruano.
El empresario, que fue asesor de campaña del presidente Ollanta Humala, está acusado de presuntamente haber participado en licitaciones irregulares con algunos gobiernos regionales del país y de presionar a entidades del Estado para favorecer a empresas privadas con las que estaría vinculado.
Sin embargo, Belaunde negó todas las imputaciones y denunció ser objeto de persecución política.
El viernes, la defensa de Belaunde presentó oficialmente una apelación ante la Conare para que le rectifiquen el fallo de primera instancia que le negó refugio por no considerarlo un perseguido político.
La respuesta de la justicia altiplánica estaría lista en un plazo máximo de 15 días hábiles.
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