“La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decretó medida cautelar de tutela constitucional consistente en suspender la actual dirección nacional de la organización con fines políticos Voluntad Popular (VP)”, ha indicado este martes el TSJ del país suramericano en un comunicado.
La corte ha anunciado que la suspendida será sustituida por una Junta Directiva ad hoc presidida por José Gregorio Noriega, para “llevar adelante el proceso de reestructuración necesario”, en el marco de las elecciones parlamentarias previstas para el próximo 6 de diciembre.
Según el fallo, la Junta Directiva ad hoc podrá utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio de Voluntad Popular.
La nueva directiva también estará integrada por el ciudadano Guillermo Antonio Luces Osorio, como secretario general; y la ciudadana Lucila Ángela Pacheco Bravo, como secretaria de organización; para que cumplan las funciones directivas y de representación de Voluntad Popular, así como la designación de autoridades regionales, municipales y locales del partido político.
De hecho, el TSJ ha respondido así a una “acción de amparo constitucional” interpuesta por Noriega y Pacheco, dos diputados que fueron expulsados de Voluntad Popular por estar en contra de los líderes tradicionales de la formación como Guaidó y así como también del prófugo Leopoldo López.
Además, la sentencia del TSJ suspende de manera provisional los actos de expulsión o exclusión partidista, suspensión, entre otros, efectuados por los directivos de la dirección nacional política de dicha organización con fines políticos contra sus militantes.
El pasado 25 de mayo, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, pidió al TSJ determinar si Voluntad Popula es una organización terrorista, por su actuación durante las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017 y su relación con los intentos de golpe de Estado que se registraron en los últimos seis años.
El propio Guaidó se autoproclamó en enero de 2019 como “presidente encargado” de Venezuela y de inmediato fue reconocido por Washington, que empezó a endurecer su campaña de presión contra el Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, para deponerlo.
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