“La parte rusa, en las condiciones actuales, no tiene la intención de continuar las negociaciones con Japón sobre un tratado de paz debido a la imposibilidad de discutir la firma del documento, fundamental para las relaciones bilaterales, con un estado que toma posiciones abiertamente hostiles y busca dañar los intereses de nuestro país”, ha anunciado este lunes el Ministerio ruso de Asuntos Exteriores.
La Cartera rusa ha responsabilizado a Tokio por el daño a la cooperación bilateral, puesto que Japón optó deliberadamente por una postura antirrusa en lugar de desarrollar una cooperación mutuamente beneficiosa y una buena vecindad.
Cuatro de las 56 islas Kuriles que están bajo el control de Moscú desde el final de la Segunda Guerra Mundial son reclamadas por Tokio.
Según una declaración conjunta firmada en 1956, la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) acordó devolver dos de las islas siempre que se firmara un tratado de paz bilateral, sin embargo, Japón ha retrasado décadas la firma de un acuerdo de paz con Rusia a la espera de recuperar la soberanía sobre las cuatro islas.
Con el nuevo anuncio, Rusia no permite a los ciudadanos japoneses viajar a las islas Kuriles sin necesidad de visados. En 1991, Tokio y Moscú sellaron acuerdos de intercambios sin visado entre las islas Kuriles del Sur, en la Federación de Rusia, y Japón”. Y en 1999 acordaron “facilitar el máximo las visitas de antiguos residentes japoneses de las Kuriles del Sur a sus antiguas residencias”.
También, la ruptura de los pactos de paz incluye abandonar el diálogo con Tokio sobre establecimiento de las actividades económicas conjuntas en las islas Kuriles del Sur, así como renunciar del diálogo sobre explotación agrícola conjunta de las Kuriles.
Según la publicación, Moscú también bloquea la prórroga del estatus de Japón como socio de la organización de Cooperación Económica del mar Negro (BSEC, por sus siglas en inglés) en “el diálogo sectorial”.
La nota se sale después de que Tokio se sumió el 1 de marzo a la campaña occidental e impuso sanciones al presidente de Rusia, Vladimir Putin, sus ministros de Exteriores y Defensa, entre otras autoridades, así como contra 49 empresas y organizaciones rusas por la operación militar en Ucrania.
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