Las violaciones a los Derechos Humanos (DDHH), en Panamá continúan alertando a la ciudadanía e incluso han llamado la atención de la comunidad internacional. Mientras privados de libertad realizan huelgas de hambre en centros penitenciarios panameños para denunciar condiciones inhumanas, los compañeros y familiares de estudiantes detenidos hace más de un mes, exigen que se les libere y juzgue bajo el debido proceso.
Manifestaciones por violación de DDHH de comunidades que claman por agua potable, salud pública eficiente, vivienda digna, protección del medio ambiente, seguridad ciudadana, soberanía alimentaria y educación integral, inquietan a sectores de la sociedad panameña, que acusa al Gobierno de Juan Carlos Varela, de legislar bajo parámetros represivos y opuestos a los convenios y leyes sobre derechos humanos a los que está adscrito el país.
Los llamados de atención sobre violaciones a garantías fundamentales han comprendido desde protestas y cartas al presidente Varela, hasta demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lo que se suma a la convulsión social en la que vive Panamá desde que en el 2014 se iniciaron procesos de investigación por corrupción de funcionarios públicos del Gobierno de Ricardo Martinelli.
A medida que aumenta la cantidad y la diversidad de manifestaciones en Panamá, el Gobierno de Juan Carlos Varela, ha respondido a ello con un decreto ejecutivo que, a juicio de muchos, criminaliza la protesta y establece parámetros para que la policía pueda reprimir al pueblo con mayor facilidad.
Sara Morales Gallego, Ciudad de Panamá.
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