El Ministerio del Interior de Perú ha informado este lunes en un comunicado que el país ha impedido la entrada de Morales y de otros ocho bolivianos “a través de todos los puestos de control”, medida en vigor desde el 6 de enero.
Dicha Cartera ha acusado a los aludidos bolivianos de visitar el país para supuestamente “efectuar actividades de índole política proselitista”, aparentemente después de que intercedieran en favor del depuesto presidente peruano, Pedro Castillo.
El domingo, el primer ministro peruano, Alberto Otárola, anunció la aplicación de “los mecanismos administrativos sancionadores” contra Morales aseverando que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte no va a permitir que “ningún presidente, expresidente, ni líder ni persona se inmiscuya en los asuntos de Perú”.
Morales respaldó públicamente a Castillo indicando que su destitución y posterior arresto fueron ilegales e inconstitucionales.
También ha criticado fuertemente a la actual presidenta Boluarte y el papel de su Gobierno en la represión de las manifestaciones.
Boluarte enfrenta duras protestas desde el 7 de diciembre tras la destitución de Castillo, quien ahora cumple una prisión preventiva por 18 meses por presuntos delitos de rebelión y conspiración, algo que el exmandatario izquierdista rechaza.
Las manifestaciones, en las que se exige la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, un cambio de la Constitución y la liberación de Castillo, se reactivaron la semana pasada tras una pausa por las fiestas de fin de año. El epicentro de estas protestas ahora es la región rural de Puno, sur en la frontera con Bolivia, con bloqueos de vías y el comercio hacia el país antiplánico, con fuertes choques entre la Policía y los manifestantes.
Las protestas suman 28 muertos desde hace un mes y no hay signos de un fin de la inestabilidad política que socava el país.
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