Los resultados de una encuesta realizada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) entre unas 2000 personas, y publicados este jueves, indican que un 57,7 % de la población peruana considera necesario realizar un cambio constitucional.
La mitad de estas personas que respaldan el cambio abogan por la vía de una Constituyente y la otra mitad a través de reformas parciales.
En cuanto a la expectativa de mejora de la situación económica, en el corto y mediano plazo, 50,6 % de los encuestados cree que sí es posible, y 49,4 % cree que no.
Además, según demuestra la encuesta que se realizó entre el 7 y el 31 de enero en 30 localidades y 17 departamentos además de Lima y Callao, hay una gran mayoría a favor de una reforma tributaria en forma de más impuestos para las ganancias extraordinarias de las mineras (70 %), y más impuestos para los bienes de lujo (69 %).
Es más, casi dos tercios de los peruanos consideran que el sistema de salud ha de ser público. También por los servicios públicos, seis de cada diez ciudadanos creen que debería otorgarse un ingreso universal por hijo para mejorar la situación de las familias vulnerables.
Los datos se han divulgado en un momento en que Perú se enfrenta a una crisis política. De hecho, el Gobierno de Pedro Castillo ha iniciado esta misma jornada una nueva etapa con la entrada en funciones del tercer Gabinete de ministros en tan solo seis meses de gestión.
Además, desde que asumió el cargo, Castillo ha sido objetivo de fuertes ataques de la oposición, que ya ha anunciado que presentará una moción para destituir al presidente peruano. El Congreso peruano ha intentado vacar al jefe de Estado con la utilización de diversos pretextos, pero todavía ninguna de las propuestas ha prosperado.
La Constitución de Perú fue redactada a inicios del gobierno de Alberto Fujimori por el Congreso Constituyente Democrático convocado por él mismo tras la disolución del Congreso en el autogolpe de Estado de 1992, consecuentemente fue aprobada mediante el referéndum de 1993, aunque los resultados han sido discutidos por algunos sectores.
Con la estructura de Fujimori un número significativo de las empresas estatales se privatizaron y se prohibió al Estado realizar actividades en materia económica, excepto las que se ocupan de áreas que no era de interés para empresas privadas.
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