A 7 años del derrame de 2500 barriles de crudo sobre la quebrada de Cuninico en la Amazonía de la región de Loreto en Perú, los nativos de la zona recién sienten el alivio tras la histórica decisión del Tribunal Constitucional que ordenó a la empresa Petroperú una compensación económica a las 4 comunidades indígenas afectadas, por los daños causados a la salud y a la economía de sus integrantes, además de la reparación del ecosistema que registró la muerte de cientos de especies en el año 2014.
Galo Vásquez Silva, presidente de la Federación de Pueblos Cocamas Unidos del Marañón (FEDEPCUM) y líder de Cuninico, una de las 4 comunidades nativas, asegura que hasta el día de hoy no pueden bañarse ni tomar agua de la quebrada.
Han sido y continúan siendo años difíciles para los pueblos de Cuninico, Nueva Esperanza, Santa Rosa y San Francisco.
El derrame producido por la ruptura del oleoducto los dejó sin la posibilidad de trabajar ni de conseguir alimento.
El caso, que ha pasado por dos juzgados e incluso fue elevado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hubiera podido ser resuelto a favor de las comunidades de no ser por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que determinó que la empresa no realiza el mantenimiento al oleoducto, lo que ha provocado decenas de derrames en los últimos años.
Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal que tomó el caso desde el inicio anunció que empezarán con la valorización de los daños para acordar con Petroperú la reparación económica y por supuesto, las labores de limpieza de la quebrada, que hasta ahora continúa afectado a las comunidades.
Aaron Rodríguez, Lima.
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