La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas (Sunat) inició el embargo de miles de hectáreas y cuentas bancarias de compañías brasileñas relacionadas con el caso Lava Jato, entre ellas Odebrecht, Queiroz Galvao y OAS, por un monto que supera los 200 millones de soles (US$62 millones), según el medio de investigación digital Ojo Público, citando el sábado fuentes del ente fiscal.
Las fuentes detallan que más de S/ 150 millones (US$46 millones) corresponden a la compañía Odebrecht, que pagó sobornos a altos cargos peruanos, entre ellos el expresidente Alejandro Toledo, buscado por Interpol.
Los embargos están relacionados a deudas tributarias que se han determinado o se están determinando como resultado de los procesos de fiscalización que se vienen realizando a estas empresas con auditorias correspondientes a varios períodos a partir del año fiscal 2010 para adelante”, indicaron las fuentes de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas (Sunat).
“Los embargos están relacionados a deudas tributarias que se han determinado o se están determinando como resultado de los procesos de fiscalización que se vienen realizando a estas empresas con auditorias correspondientes a varios períodos a partir del año fiscal 2010 para adelante”, indicaron las fuentes de la entidad recaudadora, que acotaron que la medida se da para “cautelar el interés fiscal”.
Cabe destacar, aclara el medio peruano, que la acción de la Sunat es particular y de carácter cautelar ya que hasta el momento las instituciones fiscalizadoras no han logrado concretar una medida restrictiva sobre el patrimonio de dicho grupo, que debido a la magnitud de sus movimientos a nivel nacional, está incluida en el rubro de principales contribuyentes de Perú.
Fiscalías latinoamericanas se unen en investigaciones de Odebrecht
La misma jornada del sábado fiscales de la nación y procuradores generales de 11 países acordaron en Brasil formar equipos conjuntos para realizar indagaciones coordinadas frente a los actos de corrupción de la compañía Odebrecht, así como de otras empresas brasileñas por el caso denominado Lava Jato.
Según las investigaciones, directivos de la petrolera estatal brasileña Petrobras se asociaban con constructoras de gran calado para lavar dinero mediante un sistema de sobornos que les permitió amañar licitaciones, cobrar sobreprecios y desviar fondos durante 10 años. La constructora reconoció haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica.
"Se fortalece la institucionalidad, se propicia un ambiente económico favorable y se otorga legitimidad al sistema democrático", sostiene la Declaración de Brasilia sobre Cooperación Jurídica Internacional contra la Corrupción, suscrito por los países involucrados, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana, México y Venezuela.
Los peruanos salieron el viernes a las calles para exigir el fin de la corrupción, que ha salpicado la alta esfera política del país.
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