Durante la III Reunión Especializada de Ministras, Ministros y Altas Autoridades de Prevención y Lucha contra la Corrupción, celebrada este viernes en Panamá, los integrantes han firmado un consenso para acabar con los distintos escándalos en materia financiera que golpean a varios países de América Latina.
Estamos muy satisfechos porque se logró una declaración de consenso. Se aprobó lo medular que como país queríamos ver reflejado en esta declaración para toda la región", ha recalcado Angélica Maytín, directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI)
"Estamos muy satisfechos porque se logró una declaración de consenso. Se aprobó lo medular que como país queríamos ver reflejado en esta declaración para toda la región", ha recalcado Angélica Maytín, directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI).
De acuerdo con la declaración final del encuentro, los Estados miembros se han responsabilizado a fortalecer la cooperación e intercambio de información dentro del principio de reciprocidad y respeto a la soberanía nacional.
Asimismo, el Gobierno de Ecuador, país que se encarga la presidencia pro témpore de este foro, ha propuesto en la misma reunión, desarrollar un índice de transparencia regional, originado en los propios países latinoamericanos y al margen de organismos internacionales.
El embajador ecuatoriano en Panamá, Galo Enríquez, ha explicado que debatir sobre esta propuesta se ha dejado para más adelante. "Al final lo que se busca es una cooperación entre países e intercambio de información y se logra con este acuerdo", ha puntualizado.
Este compromiso regional se firma en momentos en que la corrupción afecta a varios países regionales, donde los escándalos persiguen a los exgobernantes de Guatemala, Otto Pérez Molina; de Panamá, Ricardo Martinelli, y El Salvador, Francisco Flores.
Además, sobre otros gobiernos de la región, entre ellos el de Dilma Rousseff (Brasil), Ollanta Humala (Perú), Juan Orlando Hernández (Honduras), Enrique Peña Nieto (México) y Michelle Bachelet (Chile) se han cernido acusaciones de corrupción contra algunos de sus funcionarios, lo que ha llevado a masivas protestas en el último año.
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