Unos 3000 manifestantes todos vestidos con camisetas blancas y coreando “queremos CICIES, queremos CICIES, (Comisión Internacional Contra la Impunidad de El Salvador, similar a la de Guatemala)”, se concentraron el sábado en plaza Beethoven, en el oeste de la capitalina ciudad de San Salvador, para rechazar cualquier acto de corrupción, según la agencia AFP.
La movilización tiene como objetivo "parar la ola de violencia" y la "instalación de una oficina que investigue la corrupción de los últimos 25 años en el país", afirmó José Portillo, uno de los organizadores de la protesta.
Asimismo en las pancartas que portaban se podía leer "queremos paz", "el que se opone a una CICIES es o protege corruptos", y "nuestro silencio nos condena, nuestra expresión nos libera".
En este sentido, uno de los organizadores de la protesta, José Portillo, declaró que la movilización tiene como objetivo "parar la ola de violencia" y la "instalación de una oficina que investigue la corrupción de los últimos 25 años en el país".
El también miembro del movimiento de 5 en 5, aseguró que la iniciativa en ningún momento buscaba desestabilizar al gobierno: “hemos realizado la convocatoria un sábado en la tarde, cuando el tráfico es más tranquilo y sin planes de cerrar calles. Si quisiéramos desestabilizar no lo hubiéramos hecho así, todo eso lo planeamos”.
Portillo luego de lamentar que El Salvador enfrenta “momentos difíciles”, por la ola de violencia y criminalidad, sostuvo que el movimiento no pretende exigir la renuncia de los funcionarios del Gobierno, como ocurrió en Guatemala donde los manifestaciones pedían la dimisión del presidente Otto Pérez Molina, acusado de liderar la red de corrupción aduanera "La Línea".
"No pedimos su renuncia (de funcionarios), hagan su trabajo (...) los enemigos a vencer son dos: la violencia (homicida) y la impunidad", señaló.
De acuerdo con las fuentes, en el marco de prevenir desórdenes, la Policía salvadoreña arrestó en el cierre de la jornada a al menos una decena de supuestos pandilleros, declarados el pasado 24 de agosto por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del país como grupos terroristas.
Por otra parte, en la vecina plaza Salvador del Mundo, los miembros de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia, que respalda al Gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, solicitaron castigo para los "corruptos" de los pasados gobiernos que ejercieron entre 1989 y 2009.
Igualmente pidieron “castigo” para el expresidente salvadoreño Francisco Flores (1999-2004), acusado por la Fiscalía de apropiarse de 15 millones de dólares donados por Taiwán para damnificados de los terremotos de 2001.
El pasado 19 de agosto, el secretario de Cultura de la Presidencia de El Salvador, Ramón Rivas, consideró que la violencia en este país centroamericano es una herencia del pasado político que causó la desigualdad e injusticia social.
Los actos violentos comenzaron en 2014, especialmente desde que el presidente Sánchez Cerén asumió el poder en junio del mismo año y anunció que no habrá negociaciones con los grupos criminales.
Además, el mandatario aseguró el 9 de agosto que garantizará la seguridad y tranquilidad del pueblo mediante un monitoreo constante.
El estatal salvadoreño Instituto de Medicina Legal informó el miércoles que el número de homicidios ocurridos en El Salvador en agosto registró un récord histórico ya que este mes cerró con 911 asesinatos, un promedio de casi los 30 diarios.
Ante el incremento de la violencia en El Salvador, el 9 de agosto, el Papa Francisco expresó su profunda preocupación, y lo relacionó con la “miseria”, la “crisis económica” y los “agudos contrastes sociales” en el país.
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