El portavoz de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Jeremy Laurence, ha condenado este lunes la expulsión de Hamuri por parte del régimen sionista, afirmando que el Derecho Humanitario, especialmente la Convención de Ginebra, prohíbe la deportación de personas “protegidas en el territorio ocupado”, así como la “obligación de jurar lealtad al poder ocupante”.
De hecho, ha indicado que esta acción transmite un “mensaje escalofriante” a aquellos que trabajan por los derechos humanos en Palestina y podría resultar en un “crimen de guerra”.
“La deportación de Hamuri refleja la situación vulnerable de los palestinos que viven en el este de Al-Quds [Jerusalén], ya que la potencia ocupante les ha otorgado un estatus de residencia revocable bajo la ley israelí”, ha denunciado.
También, ha proseguido, este hecho supone un grave deterioro de la situación de los defensores de los Derechos Humanos palestinos.
Por tanto, ha pedido a las autoridades del régimen de Israel revertir esa deportación y dejar de poner obstáculos a “trabajo legítimo” de este tipo de activistas.
Hamuri, especializado en la ayuda a los presos palestinos, llegó la mañana del domingo (hora local) a París (capital gala), donde fue recibido por su esposa Elsa Lefor, políticos, representantes de grupos pro derechos humanos y simpatizantes en el aeropuerto Charles de Gaulle.
El abogado y activista por los Derechos Humanos francopalestino, de 37 años, fue arrestado el 7 de marzo en su casa en el barrio de Kafr Aqab en la zona oriental de Al-Quds, donde las fuerzas israelíes entraron en su dormitorio y lo sacaron de su cama mientras aún dormía al amanecer.
Desde entonces pasó detenido en prisión bajo la llamada “detención administrativa”, sin cargos en su contra, hasta que, a principios de octubre de 2021, las autoridades israelíes revocaron el estatus de residencia de Hamuri en el este de Al-Quds, negándole el derecho a vivir en su ciudad natal, que se encuentra ocupada por Israel desde 1967.
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