La ONG ha anunciado a través de un informe, publicado el miércoles, que el periodista palestino Mohamad al-Qiq ha sido trasladado al centro médico de la cárcel de Ramle, después de pasar 17 días sin comer para protestar contra su detención administrativa.
“El abogado (de Al-Qiq) cree que esto es un señal de que el estado de salud de Mohamad se ha deteriorado (…) debe ser trasladado de inmediato a un hospital civil y recibir el tratamiento médico especializado que requiere”, indica el informe, que agrega que el servicio israelí de prisiones (IPS, por sus siglas en inglés) ha rechazado la solicitud de Jalid Zabarqa, el defensor de Al-Qiq, de trasladarlo a un hospital.
El abogado (de Al-Qiq) cree que esto es un señal de que el estado de salud de Mohamad se ha deteriorado (…) debe ser trasladado de inmediato a un hospital civil y recibir el tratamiento médico especializado que requiere”, informa la Amnistía Internacional.
Por su parte, la esposa de Al-Qiq, Fayhaa Shalash, declaró también el miércoles a la agencia palestina de noticias Quds Press que el preso insiste en continuar su huelga de hambre, aunque ponga en peligro su vida.
La organización pro derechos humanos reclama en este contexto a las autoridades del régimen israelí que “liberen a Mohamad al-Qiq y a todos los demás que hayan sido puestos bajo detención administrativa, a menos que sean rápidamente acusados de un crimen reconocible internacionalmente, en procesos que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos”.
Al-Qiq, que vive en Ramalá, fue liberado de prisión en mayo de 2016 después de haber estado sin comida durante 94 días para protestar contra su detención administrativa en aquel entonces.
No obstante, fue redetenido a mediados del pasado enero, después de participar en una manifestación contra el régimen israelí, y nuevamente fue puesto bajo detención administrativa sin juicio ni cargos en su contra.
La ONG para la defensa de los presos palestinos Adamir contabiliza en alrededor de 7000 los presos palestinos, de los cuales 720 lo están con órdenes militares de arresto administrativo y 400 son menores de edad. Muchos de estos reclusos deciden dejar de comer en protesta por su detención arbitraria.
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