La mujer, identificada como Alia Abdulnoor, fue condenada a 10 años de prisión después de su detención en 2015 por recaudar fondos para familias sirias necesitadas que sufrían las consecuencias de la guerra. Las autoridades la sentenciaron por supuestos cargos de terrorismo.
“Sus familiares dicen que creen que su arresto está relacionado con una serie de donaciones que hizo a varias familias sirias en 2011”, indicó el domingo HRW en un comunicado.
Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidieron en febrero a EAU que pusiera en libertad a Abdulnoor por motivos médicos. El organismo denunció entonces el trato degradante que recibía la enferma en el hospital donde había sido atada a la cama.
Sus familiares dicen que creen que su arresto está relacionado con una serie de donaciones que hizo a varias familias sirias en 2011”, indicó HRW en un comunicado, denunciando tratos degradantes y falta de atención médica a una presa emiratí que murió de cáncer.
Las autoridades emiratíes han rechazado las acusaciones de los grupos de defensa de los Derechos Humanos y de los familiares de Abdulnoor sobre que Alia no había recibido un tratamiento médico adecuado.
Un portavoz de la Fiscalía aseguró que se le ofreció tratamiento adecuado en el hospital Tawam, en la localidad de Al-Ain, al este de Abu Dhabi, la capital, y que sus familiares podían visitarla “tanto como quisieran”.
Pese a las afirmaciones de las autoridades, Alia fue trasladada en contra de la opinión de los médicos al hospital de Tawam el 10 de enero de 2019, sin informar a su familia y sin ninguna explicación. Solo después de varias llamadas, la familia se enteró de su paradero, pero no se le permitió visitarla hasta el 21 de enero.
Después de su arresto y antes de su traslado a la prisión de Al-Wathba en Abu Dhabi, Alia fue ubicada en un centro de detención secreto donde permaneció unos cuatro meses y sufrió tortura y malos tratos.
Los EAU recurren con frecuencia a cargos relacionados con el “terrorismo” para encarcelar a activistas y disidentes. Abu Dabi, desde 2011, ha detenido de manera arbitraria a decenas de opositores y activistas que demandaban reformas pacíficas, y la mayoría de ellos ha sufrido largos periodos de reclusión sin acceso a abogados o contacto con sus familias.
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