Detención de la académica iraní Esfandiari en Francia, claro caso de toma de rehenes políticos

Por: Ali Khodabandeh

La detención arbitraria e ilegal de la académica iraní Mahdieh Esfandiari en Francia ha revelado nuevas dimensiones de “dobles raseros” e “hipocresía política” en lo que se autodenomina la patria de los derechos humanos y la libertad de expresión.

Este caso en particular trasciende lo individual y se ha convertido en un símbolo global que expone el engaño de las potencias occidentales.

Mientras la ciudadana iraní lleva más de siete meses detenida en una prisión en las afueras de París sin ninguna base legal, el Poder Judicial iraní anunció el lunes la absolución de Lennart Monterlos, un joven francoalemán detenido en Irán en junio por espionaje.

Esta noticia surgió mientras París y Teherán mantenían negociaciones para la liberación de Cécile Kohler y Jacques Paris —también encarcelados en Irán por espionaje— a cambio de la liberación de Mahdieh Esfandiari, la ciudadana iraní acusada falsamente de “glorificar el terrorismo”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, declaró en una reciente entrevista televisada que un acuerdo para intercambiar prisioneros franceses por una académica iraní estaba cerca de su “fase final”.

El caso de Esfandiari resalta las flagrantes violaciones de los derechos de las mujeres y la completa ausencia de libertad de expresión en Francia, exponiendo la retórica vacía del liderazgo del Elíseo.

Desde el 2 de marzo, Esfandiari ha estado encarcelada en Fresnes, al sur de París, por publicaciones en redes sociales condenando el genocidio en Gaza y expresando solidaridad con el pueblo palestino.

Sin embargo, su caso no es aislado; forma parte de un patrón más amplio de manipulación de la “libertad de expresión” para chantaje político y toma de rehenes.

Un ejemplo emblemático de toma de rehenes políticos

El 2 de marzo de 2025, Esfandiari, una académica iraní de 39 años residente en Lyon, fue arrestada por agentes de seguridad franceses tras un asalto sorpresivo a su domicilio.

Su familia describió el incidente como un secuestro o toma de rehenes, afirmando que la policía llegó sin previo aviso, la subió a una furgoneta y la detuvo sin cargos ni asistencia legal durante meses.

Su arresto no fue un caso criminal ni una cuestión de derechos civiles. No se ha presentado evidencia alguna de que haya cometido delito, y las acusaciones contra ella —formuladas de manera vaga como “glorificar el terrorismo”— carecen de fundamento fáctico o legal, lo que hace que el caso sea altamente sospechoso.

Su único “delito” fue defender los derechos de los palestinos en Gaza, que han soportado un holocausto contemporáneo a manos del régimen israelí —con el apoyo de Francia.

Según la ley francesa, cualquier detención que exceda las 48 horas sin una orden judicial es ilegal. Sin embargo, Esfandiari ha pasado 226 días tras las rejas bajo acusaciones vagamente definidas de “poner en peligro la seguridad nacional”.

No se ha producido ninguna prueba concreta que sustente estas afirmaciones infundadas. Su detención viola de manera flagrante las garantías consagradas en el Código de Procedimiento Penal francés y en la Convención Europea de Derechos Humanos.

Después de más de siete meses, se ha hecho evidente que su arresto y las acusaciones contra ella eran infundadas, y que París tiene la intención de utilizarla como una ficha de cambio en un intercambio de prisioneros con Irán —egociando su libertad por los ciudadanos franceses encarcelados en Teherán por cargos de espionaje.

Los defensores de los derechos humanos advierten que Francia está arrestando arbitrariamente a ciudadanos iraníes en su territorio solo para obtener concesiones diplomáticas del poder judicial iraní —para asegurar la liberación de sus espías condenados en Irán.

La prisión de Esfandiari expone de manera contundente el doble discurso de Francia y sus evidentes dobles raseros con respecto tanto a la libertad de expresión como a los derechos de las mujeres.

Prueba que la libertad de expresión en Francia solo es tolerada cuando está alineada con los intereses del gobierno. Cualquier crítica hacia Occidente o hacia Israel es rápidamente reprimida con dureza.

Absolución de un franco-alemán detenido por espionaje

La semana pasada, un tribunal iraní anunció la absolución de Lennart Monterlos, un ciudadano franco-alemán detenido por espionaje.

Moytaba Qahremani, jefe del poder judicial de la provincia de Hormozgán, declaró que un tribunal de la ciudad de Bandar Abbas había absuelto a Monterlos, quien había sido arrestado por las agencias de seguridad iraníes por espionaje durante la agresión israelí-estadounidense contra Irán en junio.

Explicó que el tribunal había revisado el caso de manera exhaustiva, a pesar de que el franco-alemán había sido detenido bajo condiciones de guerra y formalmente acusado de espionaje.

“Considerando los principios legales y las dudas en torno al presunto crimen, el tribunal dictó un fallo de absolución, aunque el fiscal conserva el derecho de apelar”, dijo Qahremani, subrayando que el poder judicial de Irán está comprometido con el cumplimiento de la ley, la justicia y la imparcialidad.

El poder judicial de Hormozgán continúa manejando los casos de espionaje con la debida diligencia y actuará con firmeza contra los delincuentes comprobados, aseguró.

El 13 de junio, Israel lanzó una agresión a gran escala e injustificada contra Irán, desatando una guerra de 12 días que dejó al menos 1064 muertos, incluidos comandantes militares, científicos nucleares y civiles. Estados Unidos se unió a la agresión bombardeando tres sitios nucleares iraníes, en flagrante violación de la ley internacional.

En represalia, las fuerzas armadas iraníes atacaron sitios estratégicos en los territorios ocupados y la base aérea estadounidense de Al-Udeid en Catar —la mayor base americana en Asia Occidental.

Durante la guerra impuesta, los servicios de inteligencia y seguridad iraníes arrestaron a más de 700 personas involucradas en redes de espionaje y sabotaje en todo el país.

Fueron acusados de usar drones de ataque, fabricar bombas, espiar sitios militares y pasar información al servicio de espionaje del régimen israelí (Mossad).

En las últimas semanas, varios individuos condenados por colaborar con Mossad fueron ejecutados tras los procedimientos legales y la confirmación de sus sentencias de muerte por parte del Tribunal Supremo de Irán.

Con respecto a los recientes desarrollos relacionados con la mujer iraní detenida en Francia y los dos ciudadanos franceses arrestados en Irán, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán afirmó:

“Son dos casos separados. En el caso de los dos ciudadanos franceses detenidos en Irán, los cargos son claros. Sin embargo, en el caso de la ciudadana iraní detenida en Francia, consideramos su detención ilegal y no se ha proporcionado ninguna justificación legal hasta ahora”.

La libertad de expresión: La paradoja francesa

El arresto de la ciudadana iraní por expresar su apoyo al pueblo de Gaza viola el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece: “Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión…”.

El Artículo 9 de la misma declaración añade: “Nadie será sometido a arresto, detención o exilio arbitrarios”. Y el Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos afirma: “Nadie será sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

En principio, la libertad de expresión debería ser una piedra angular de la democracia bajo la Constitución francesa. Sin embargo, cuando la expresión entra en conflicto con nociones como “terrorismo” o “apología del terrorismo”, el poder judicial francés interviene e impone restricciones.

Así, la reacción de Francia surge de estas acusaciones vagas, dado que “glorificar el terrorismo” está clasificado como un delito en la ley francesa. La verdadera pregunta, sin embargo, es si expresar simpatía por los civiles de Gaza constituye realmente tal delito. El gobierno iraní mantiene que no se ha presentado evidencia real.

Más allá del castigo legal, las dimensiones políticas de este caso no pueden ser ignoradas. Francia es ahora vista como un país que, por un lado, defiende la libertad, pero, por otro, silencia las voces disidentes —creando una paradoja en su postura de derechos humanos y diplomacia.

Mientras Francia afirma actuar de acuerdo con la ley, en la práctica ha sacrificado el mismo ideal de "libertad de expresión". Incluso una declaración de solidaridad con los oprimidos, si contradice la política oficial, puede llevar a una detención prolongada y al aislamiento.

Este comportamiento refleja un sistema que predica los derechos humanos al mundo mientras suprime cualquier voz que no se alinee con la política occidental. El caso de Esfandiari resalta la profunda disparidad entre la retórica y la realidad en cuanto a los derechos humanos y la libertad de expresión.

Hoy, bajo el lema de la libertad de expresión, el gobierno francés no solo fracasa en defender la humanidad y la libertad individual, sino que también, con una hipocresía descarada, castiga a los defensores de la dignidad humana y a los críticos de uno de los genocidios más escandalosos de la historia con severas sentencias.

Silencio de las voces disidentes en Europa

El 28 de septiembre, el fundador de Telegram, Pavel Durov, acusó a los servicios de inteligencia franceses de haberle solicitado —a través de un intermediario— censurar ciertos canales moldavos en Telegram antes de las elecciones presidenciales de Moldavia del año pasado, a cambio de asistencia en su caso legal en Francia.

Durov dijo que, mientras estaba detenido en París, los servicios de inteligencia franceses se acercaron a él a través de un intermediario, cuyo nombre no reveló, para solicitarle la “censura” de ciertos canales de Telegram en nombre del gobierno moldavo.

Aseguró que algunos canales que violaban claramente las normas fueron eliminados, y que el intermediario le dijo que los servicios de inteligencia franceses "hablarían favorablemente" de él ante el juez que había ordenado su arresto.

“Esto es inaceptable en muchos niveles”, dijo Durov. “Si la agencia realmente se acercó al juez, eso sería un intento de interferir en el proceso judicial. Si no lo hizo, y simplemente lo afirmó, explotó mi situación legal en Francia para influir en los desarrollos políticos en Europa del Este —un patrón que también hemos visto en Rumanía”.

En mayo, Durov mencionó que el jefe de los servicios de inteligencia exteriores de Francia le había pedido que prohibiera las voces conservadoras rumanas antes de las elecciones.

En su publicación en Telegram, Durov afirmó que los servicios de inteligencia franceses luego le proporcionaron “una segunda lista de los llamados canales problemáticos de Moldavia”.

“A diferencia de la primera lista, casi todos estos canales eran legítimos y cumplían completamente con nuestras normas”, escribió. “Su único rasgo común era que expresaban opiniones políticas que no eran del agrado de los gobiernos francés y moldavo”.

Los observadores han descrito el arresto de Durov en agosto de 2024 en Francia como “una violación de los derechos humanos fundamentales de libertad de expresión y asociación”.

Expresaron “sorpresa y profunda tristeza al ver que Macron había recurrido a la toma de rehenes como un medio para obtener acceso a comunicaciones privadas”.

Este episodio plantea nuevas preguntas sobre la presión que algunos estados ejercen sobre las plataformas digitales para controlar el discurso político —y sobre los límites de la soberanía en el espacio digital.

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Texto recogido de un artículo publicado en Press TV.