Publicada: viernes, 20 de septiembre de 2019 12:02

Continuando con la segunda parte de este ensayo relacionado a las elecciones en Guatemala, tenemos el siguiente enunciado como secuencia y consecuencia.

Parte 2

Continuando con la segunda parte de este ensayo relacionado a las elecciones del 2019 finalizadas hace un mes y siguiendo un esquema, una construcción, una valorización semántica y política con una intencionalidad racional lineal, positivista y simultáneamente pesimista con evidencias históricas contundentes, tenemos el siguiente enunciado como secuencia y consecuencia.

Enunciado: a partir de la de la firma de la paz y sus acuerdos que suponían un cambio cualitativo en Guatemala cuando gobernó el expresidente Arzú Irigoyen, al final de su mandato los pobres siguieron siendo igual de pobres y los indígenas siguieron siendo excluidos, discriminados y explotados. El resto de los expresidentes electos que le sucedieron: Portillo Cabrera, Berger Perdomo, Colom Caballeros y Pérez Molina, tampoco representaron un cambio de fondo para el Estado, ni para el modelo, ni para el sistema del subdesarrollo económico que afecta a la mayor parte de la población de Guatemala.

Durante esos gobiernos del posconflicto y del subdesarrollo, los pobres siguieron siendo igual de pobres y los indígenas continuaron excluidos, discriminados y cada vez más explotados. Ahora gobierna el presidente Morales Cabrera, y su mandato, que estará finalizando a principios del 2020, está catalogado como el peor de la historia política contemporánea de Guatemala. Los pobres siguen estando más pobres y los indígenas siguen siendo mayormente excluidos, discriminados y explotados. No hay alivios ni mejoras, mucho menos cambios profundos que modifiquen realmente la situación.  

Conclusión: el presidente tiene la culpa de la pobreza, la exclusión, la discriminación, la explotación de la mayor parte de la sociedad guatemalteca, del desastre y la disfunción histórica y perversa del Estado guatemalteco y de sus instituciones, lo cual se ha reflejado en las condiciones de atraso, rezago y “subdesarrollo o no-desarrollo” para la mayoría de la población del país llamado Guatemala.

El enunciado y la conclusión escritas arriba se leen, se entienden y se sienten muy simplistas, deterministas y voluntaristas. Sin embargo, el discurso dominante (la ideología de la clase dominante) puede hacer ver, creer y justificar que injusticias tales como la pronunciada desigualdad, la extensiva pobreza, la generalizada exclusión y la discriminación de la mayoría de la población guatemalteca, sobre todo rural e indígena; dependen del actuar y la toma de decisiones presidencial, del papel y desempeño del presidente a lo largo de su administración desde el poder ejecutivo. Las desastrosas condiciones del país serían así una suerte de falta de liderazgo y/o caudillismo personal; todo el destino del país depende de quién esté al mando del poder ejecutivo. Los problemas estructurales del modelo económico, de la naturaleza del Estado (con todas sus acepciones descritas anteriormente en la primera parte de este ensayo), del sistema sociopolítico, socioeconómico y sociocultural guatemalteco, pueden mejorar o pueden empeorar según quién dirija desde la presidencia. El poder ciudadano, las votaciones –la simulación democrática con la que se engaña y se le presentan “las opciones” al pueblo con el proceso eleccionario– parece ser el único camino para tratar de cambiar la situación desesperada para la mayoría, voten o no voten.

Será la administración de turno, entonces, la que funcionará como gerente de los auténticos factores de poder, el poder real o fáctico como se le ha llamado tradicionalmente: la Embajada del Norte, la oligarquía, los grupos militares organizados, los carteles de la droga y los grupos del crimen organizado. ¿Qué es lo que se elige entonces? El refrán universal dice: “elegir de los males el menor, elegir al menos peor”. Falta ver si el refrán popular se cumple en los próximos cuatro años con el nuevo presidente. Hay antecedentes muy negativos al respecto; para muestra, el presidente Morales y su administración actual de turno. Como comentaron algunos analistas en la prensa radial y escrita, ahora ya se votó (no se eligió) a un nuevo mandatario para el próximo período presidencial: Giammattei Falla. ¿Qué significa esto? Que si una vez más continúan las penurias para el campo popular (los pobres siguen siendo igual de pobres y los indígenas siguen excluidos, discriminados y explotados), ¿es debido a una “mala” escogencia? ¿Qué significará entonces elegir “bien”?

La cuestión pasa por tener muy claro que esta democracia “electorera y representativa de intereses creados, específicos y consolidados” (ya con más de 30 años formalmente desde la historia reciente de la postguerra civil guatemalteca), no puede en modo alguno resolver los grandes problemas estructurales del país. Como mínimo, dígase que esta constante política eleccionaria es injusta, dañina, oprobiosa o desastrosa. El electorado no tiene mayor posibilidad de elegir en términos más equilibrados, amplios, variados ni justos, porque las ofertas han sido casi idénticas en todos los casos durante las últimos gobiernos y elecciones del posconflicto, incluida la izquierda electoral, exceptuando el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos –MLP–. El MLP quizá es el único partido distinto, dada su composición campesina de base y su forma organizativa, mayormente de abajo hacia arriba. Pero de más está decir que le será muy difícil llegar a la presidencia, porque si “se le va la mano” en sus protestas y reivindicaciones políticas, sociales económicas y étnicas, le seguirán matando o encarcelando a sus representantes y miembros, como ha estado ocurriendo hasta ahora.

De acuerdo con análisis en varias de las revistas virtuales sobre política y sociedad guatemaltecas, gracias a la presencia que tuvo la Cicig en el país por 13 años y la colaboración interinstitucional entre esta entidad y el Ministerio Público –MP–, se ha entendido que la corrupción está presente en todas las instituciones e instancias del Estado. Asimismo, se tiene el conocimiento de las redes del crimen organizado y las formas en que han operado dentro de las diferentes instituciones del Estado, por los procesos judiciales de los casos de corrupción llevados ante los tribunales. No obstante, todavía falta comprender con mucha mayor profundidad la extensión, participación e interrelaciones de los niveles de corrupción, coaptación y clientelismo dentro de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo. Todavía hace falta comprender con mucha mayor profundidad, también, la extensión, participación e interrelaciones de la corrupción municipal y los consejos de desarrollo a los diferentes niveles de los grupos de poder, los grupos políticos y los diferentes segmentos poblacionales. Sus nexos complejos con el crimen organizado, el manejo lesivo, la lapidación, malversación y robo de los fondos de los proyectos de infraestructura y servicios al nivel regional, municipal y local. Sus nexos con el narcotráfico en muchos de los departamentos, municipios y comunidades del país, mayormente en áreas fronterizas. No es solamente la responsabilidad y la culpa del presidente de turno (los ya mencionados arriba), o el extremadamente desastroso actual (también mencionado arriba).

La crisis social, política, y sobre todo la económica, nacional arrastrándose hasta la actualidad con sus consecuencias más visibles: la aguda desnutrición infantil, el hambre generalizada, la pobreza y pobreza extrema en varias regiones y áreas rurales, la falta de oportunidades de educación, salud y empleo para las generaciones jóvenes sobre todo en el campo, inclusive oportunidades de trabajo a los más bajos niveles, la violencia constante, generalizada con su intensidad, exposición y virulencia y la recientemente acelerada, desesperada y continua alta migración hacia Norteamérica, son el resultado de un proceso histórico largo, de un modelo y sistema de subdesarrollo de adentro hacia afuera construido y mínimamente modificado desde la etapa colonial hasta el presente, definido para usos teórico-prácticos como poscolonial-neocolonialista. La crisis múltiple de rezago, deterioro socioeconómico y exclusión abismal es el producto exacerbado y aberrado del este sistema poscolonialista-neocolonialista, semi-feudal mercantilista, semi-capitalista, que mantiene todos los privilegios para muy pocos sectores y grupos de la sociedad, desde la malformación del Estado guatemalteco y su estructura e instituciones tiempo atrás.

Las recientes amenazas e imposiciones del presidente Donald Trump reflejan una lógica entre EUA y la subordinación histórica de Guatemala, siendo el resultado de su modelo poscolonial-neocolonial ampliado hasta el presente. Parafraseando lo planteado por el académico e investigador guatemalteco Quemé Chay (2019) en uno de sus ensayos –con énfasis en algunas líneas de nuestra parte en itálicas– “hay intelectuales de la derecha ultraconservadora, fascista, autoritaria, totalitaria y oligárquica formados en universidades extranjeras, altos mandos militares, muchos de ellos tecnificados y especializados en inteligencia y estrategias contrainsurgentes, muchos de ellos estudiados también fuera del país, grandes empresarios y linajes/apellidos familiares que han estado en los gobiernos desde siempre; dictando los rumbos económicos, políticos y culturales del país”.

Continúa argumentando: “No es solamente el presidente, el poder ejecutivo el causante de la crisis migratoria que desembocó en las amenazas del patrón gringo de gravar las remesas, prohibir el ingreso de guatemaltecos a EUA, aumentar los aranceles a la relación totalmente desequilibrada de importación-exportación, lo que determinó la firma del convenio que hace de Guatemala, aparte de una finca de los colonizadores, un corral para migrantes” (Quemé, 2019)1. Son los viejos intereses y la ambición económica voraz, depredadora, autoritaria y explotativa, los que se han sostenido e impuesto a través del presidente y el andamiaje institucional del “poder ejecutivo”. Son los grupos familiares y sociedades corporativas de composición y comportamiento oligárquico los que han manejado y manipulado al poder legislativo, encubierta y abiertamente, elaborando y aprobando leyes a su antojo y medida, dejando intocables, prevalentes y vigentes sus privilegios desde tiempos coloniales hasta la actualidad.

El poscolonialismo-neocolonial que vive el país desde el siglo XIX con la llamada “Reforma Liberal”, prolongó y adaptó un Estado depredador, anacrónico, autoritario, dictatorial, fascista; con cortos períodos revolucionarios y contra revolucionarios en los años 40s y 50s del siglo pasado. Después de la firma de los Acuerdos de Paz por la última guerra interna en 1996, se ha ido presentado como un Estado “seudo-democrático, formalista, partidista-electorero de fachada”, el cual fue desarrollando, extendiendo y fomentado aún más la corrupción, lo ilícito y lo ilegal con amplia impunidad determinada, demostrada y desenmascarada por la Cicig, principalmente durante su reciente tercera etapa final de trabajo y la razón por la que la dicha Comisión fue expulsada, y después su mandato no fue renovado.

De acuerdo con varios análisis y opiniones de los expertos en historia, economía y sociología política, la corrupción es el resultado histórico acumulado de nuestro modelo neocolonial, subdesarrollista y su sistema de hegemonía y representación elitista, clasista, discriminativo, excluyente y racista. Tiene que terminarse o transformarse el neocolonialismo postmoderno, periférico, voraz, rampante, depredador, brutal, y despiadado, que está estructurado y articulado en el andamiaje jurídico, legal y político de los poderes e instituciones del Estado guatemalteco.

A esta ensalada de ingredientes poco deseables en términos de verdadero desarrollo y modernización del Estado, hay que agregarle los otros ingredientes relativamente más recientes, aberrantes, complejos y complicados, que se han desarrollado también como parte del Estado y la sociedad actual: el crimen organizado y sus grupos incrustados e interrelacionados dentro de la estructura estatal y la sociedad, el narcotráfico con su trasiego a mediana y gran escala de drogas y operaciones ilícitas nacionales e internacionales planificadas u oportunistas de lavado de dinero, los carteles en competición y pugna dentro y fuera del Estado en el territorio nacional, y el corredor de contrabando variado y extenso que incluye personas, bienes y mercancías al nivel nacional regional e internacional.

Ahora bien, dejando de momento el problema no resuelto de la debacle y crisis perpetua nacional debido a la estructura, el sistema y la composición del Estado guatemalteco hasta el presente, pasemos a analizar y discutir la experiencia que ha dejado el balotaje de la segunda vuelta y los resultados finales de las elecciones presidenciales de Guatemala de este año. Las preguntas siguen dándose más allá de un mes después del resultado final de la segunda vuelta. Se lanza, cuestiona y especula todavía, por qué la excandidata presidencial Sandra Torres Casanova, del partido Unión Nacional de la Esperanza –UNE–, perdió las elecciones en segunda vuelta, habiendo tenido una ventaja tres veces más amplia (de acuerdo con el número de votos efectivos que tuvo en la primera vuelta donde quedó primera), sobre el otro excandidato presidencial, Alejandro Giammattei Falla, del partido Vamos por una Guatemala Diferente –VAMOS–, quien al final fuera elegido presidente de Guatemala para el período 2020-2024.

Entre varias de las razones que se han discutido, está la de una percepción muy negativa de la excandidata Sandra Torres Casanova, una “Sandrofobia” aguda (como se ha dado en llamarle en los medios guatemaltecos), un rechazo visceral, emocional e irracional hacia su persona. A ello se suma la imposibilidad de agradar a la clase dominante y a las clases medias urbanas de centros terciarios, secundarios en los municipios, departamentos y la capital de Guatemala, fenómeno que sucedió en las elecciones pasadas y en estas últimas. Pareciera que se ha evidenciado como una “tendencia irremontable” para la excandidata de la UNE, lo cual le ha sucedido en las últimas dos elecciones presidenciales. Hay que agregar, además, la campaña de ataque personal y desprestigio permanente que la derecha aglutinada, de diferentes tendencias de extrema y ultra extrema, desarrolló por todos los medios, televisivos, radiales y de redes, con mayor intensidad a partir del inicio de la segunda vuelta en esta última elección.

Además, todo ello demuestra que sociológica, política y culturalmente parece haber también dos Guatemalas, dos realidades, dos contextos de país, dos ambientes políticos diferenciados: lo urbano/semiurbano y lo rural y profundamente rural. Ambos ámbitos están distanciados, divorciados, ajenos, indiferentes, no identificados ni relacionados mutuamente, muy circunscritos a sus contextos, necesidades y dinámicas socioeconómicas y etnoculturales inmediatas, incluso antagónicos entre ellos. La preeminencia de lo urbano sobre lo rural se manifestó una vez más en las votaciones de la segunda vuelta, donde hubo una mayor movilización de votantes urbanos y semiurbanos, quienes votaron en su mayoría en contra o en rechazo hacia Torres Casanova, favoreciendo la elección de Giammattei Falla.

Asimismo, de acuerdo con gran cantidad de los mensajes en las redes sociales durante las dos vueltas electorales y de varios artículos de análisis sobre el resultado de las mismas, Torres Casanova sufrió ataques políticos de género, donde se plantearon repetidamente temas de incapacidad o de autoritarismo excesivo, de toma de decisiones y dirección no acertadas o apropiadas por ser mujer (misoginia), o ataques de origen social, ya que ella nació y creció en El Petén, uno de los departamentos más alejados de la ciudad capital. Lo que evidenció una vez más lo patriarcal, discriminativo, racista; la “misoginia política, social y cultural” hacia Torres Casanova. En términos generales, las elecciones presidenciales afectaron mucho más a las candidatas mujeres, debido al bloqueo y la eliminación de sus candidaturas por procesos de “politización y judicialización” durante el inicio de la primera vuelta electoral (explicado en la primera parte de este ensayo).

Sin embargo, hay que enfatizar que “la politización y judicialización de las elecciones” favoreció a Torres Casanova, quien no fue llevada a los tribunales por varios cargos y acusaciones pendientes (explicadas en la primera parte de este ensayo). Las instituciones judiciales-legales del Estado no pusieron reparos y protegieron la adquisición de inmunidad para blindarla de los casos pendientes contra ella. De acuerdo con la percepción y los hechos analizados, de los medios y la opinión generalizada popular, fue protegida hasta la finalización de la segunda vuelta. En cuanto perdió las elecciones presidenciales, perdió la inmunidad, fue detenida y llevada a los tribunales por financiamiento ilícito no declarado y manejado de manera indebida para su partido en las elecciones pasadas, y se le vinculó al caso y dictó detención preventiva en la cárcel del cuartel Mariscal Zavala en la capital, donde hay también otros detenidos y presos ex-ilustres y no ilustres: dos expresidentes, una exvicepresidenta, varios exministros y exfuncionarios de alto rango, vinculados al crimen organizado del Estado, corrupción, narcotráfico y lavado, etc.

Otras de las razones que se ha esgrimido en los medios de comunicación, redes y en varios artículos de análisis nacionales, ha sido que Torres Casanova estaba tan segura de su victoria que no buscó acercamientos o alianzas políticas con otros partidos considerados relativamente menos conservadores y más progresistas de “centro izquierda e izquierda” (Winaq, URNG, MLP, Semilla, entre otros). Asimismo, tuvo el rechazo de sectores de la sociedad civil comprometidos con el fortalecimiento de la justicia y la lucha contra la impunidad y la corrupción por lo arriba expuesto.  Al final de la segunda vuelta el discurso de campaña de Torres Casanova se fue “más hacia la derecha”; trató de ganarse el beneplácito de sectores empresariales, agroindustriales y de clase media conservadores de las ciudades intermedias y la capital.

Al mismo tiempo se pronunció a favor de las industrias extensivas y extractivas y otros intereses de sectores económicos conservadores y poderosos, no habló de una reforma fiscal ni el fortalecimiento de la SAT y las finanzas públicas; no señaló con claridad la necesidad de cambiar las formas de escoger a los miembros magistrados de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia, ni de otras formas de escoger funcionarios en otras instituciones importantes del Estado. No se enfocó ni convenció con suficiente persuasión en los temas agrarios de mayor importancia para el campesinado, para los trabajadores agrarios, para las clases más pobres del agro.

Torres Casanova ha sido también criticada en algunas de las redes sociales y artículos de análisis del resultado electorero, por no haber sido crítica y clara sobre los problemas de corrupción y clientelismo político-partidista, los problemas ambientales graves sobre la ley de desarrollo rural integral o de la ley del utilización y manejo de recursos hídricos, o de la importancia de la reforestación y protección del ambiente, o crear las facilidades de financiamiento y seguro agrícola para pequeños y medianos campesinos y sus familias que tienen alto riesgo de quebrar y empobrecerse aún más. Se conformó simplemente con reiterar el compromiso con los programas sociales de carácter asistencialista-clientelista, que son importantes como recurso paliativo, pero no representan soluciones de fondo. Por otro lado, medidas similares asistencialistas fueron también prometidas por el presidente electo Giammattei Falla. La excandidata se pronunció también a favor del Ejército, proponiendo elevarles el salario y sacarlo a las calles para reforzar la “seguridad ciudadana”, reanudado el patrullaje conjunto con la policía. Con relación al tema religioso, trató de ganarse a la “derecha mesiánica fundamentalista” (con nexos estrechos al tele evangelismo norteamericano desde hace muchos años), prometiendo una vez ganada la presidencia su oposición a la homosexualidad, al matrimonio entre personas del mismo sexo y al aborto; independientemente de cada caso, sus causas o necesidades sociales.

Torres Casanova se expresó constante, negativa y desfavorablemente sobre la Cicig, el MP y la FECI, instancias encargadas de combatir la corrupción, el crimen organizado y la narcoactividad, entre otros delitos. Se acercó en el discurso a las posiciones y prácticas asociadas al gobierno actual. Tampoco se diferenció claramente de su rival Giammattei Falla, ni de los sectores económicos poderosos que lo apoyan, algunos de ellos bastante oscuros en su presente y pasado político. Torres Casanova planteó la creación de una comisión presidencial contra la corrupción, la cual ha fue promovida inicialmente por Giammattei Falla durante la campaña, y que ha promovido reafirmado con más insistencia ahora que ya es presidente electo.

Es importante señalar una vez más que la reciente detención, después de las elecciones, de la excandidata Torres Casanova por financiamiento electoral ilícito (delito del que han sido acusadas la mayoría de otros partidos políticos existentes o desaparecidos) y el anuncio de la posible prohibición y desaparición de su partido UNE como parte de dicho proceso, se ve como una maniobra política dirigida por la derecha extrema en el poder, para disminuir y contrarrestar la presencia y fuerza de dicha fuerza política en el Congreso a partir del próximo año. Ello muestra lo que se viene: es un paso estratégico que puede allanar una vez más el camino para el primado absoluto de la corrupción y la impunidad. A casi 23 años de finalizada la guerra interna, con un raquítico proceso de paz, el retiro de la Cicig deja ver que nada ha cambiado en lo sustancial en el país, aunque exista una democracia formal y no haya combates en las montañas. La consigna, definitivamente, sigue siendo: "El que manda, manda. Y si se equivoca… ¡vuelve a mandar!"

Torres Casanova fue favorecida por las instituciones legales y judiciales del Estado contra una lógica jurídica y legal basada en el debido proceso (explicado en la primera parte del ensayo y arriba en esta segunda parte), para participar nuevamente en la contienda electoral y llegar hasta la segunda vuelta o recta final. Se ha analizado y discutido en los medios nacionales e internacionales acerca de una hendidura, una grieta o una división sectorial o de facciones hacia el interior de la UNE. La misma ganó 52 diputaciones al congreso de 160 escaños y 108 alcaldías de 340 gobiernos municipales. La movilización en el área rural no ocurrió, no se manifestó por parte de los alcaldes electos y reelectos que ganaron las municipalidades por la UNE, quienes no dieron un claro apoyo, reforzamiento o promoción para la participación masiva de votantes en la segunda vuelta. Tampoco hubo un apoyo fuerte, dinámico y efectivo por parte de los diputados electos reelectos y en funciones por el partido. El aumento de votos para Torres Casanova fue apenas de un poco más de 200,000, mientras que los votos para Giammattei Falla fueron al final de cerca de 900,000. La hipótesis y tesis es que el partido quiso de alguna manera renovar o cambiar el liderazgo de Torres Casanova. Esta fue la posible y más concreta oportunidad para lograrlo.

Algunas de las teorías de la conspiración, no comprobadas o con insuficiente evidencia presentadas por parte de las redes de noticias y de las redes sociales en internet, han discutido especulativamente de una cooptación desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, llave fundamental en la política de todos los países de su “patio trasero” latinoamericano. Sucede que muchos de los alcaldes, sobre todo los reelectos por la UNE, tienen la cola “larga y machucada” por actividades ilícitas de diversa índole con evidencia dura, concreta e incriminatoria. Por lo que muchos alcaldes y diputados electos o en funciones se vieron amenazados de una potencial detención, encarcelamiento y posible extradición hacia el norte a futuro, sea en el corto o mediano plazos, lo cual hizo abstenerles de brindarle el apoyo necesario a Torres Casanova con sus bases sociales al nivel semi-urbano y rural para ampliar la ventaja inicial de votos obtenida por ella en la primera vuelta. Esa pudo haber sido, quizá, una de las razones por las que perdió la segunda vuelta al final.

En esa lógica de la dinámica y del resultado del proceso electoral del 2019, el gobierno de Estados Unidos presionó y forzó a Guatemala con la coparticipación, subordinación y complacencia estrecha del gobierno actual de Morales Cabrera. Guatemala va a empezar a funcionar en un futuro cercano como “depósito” de migrantes irregulares. Los inmigrantes “indocumentados” permanecerían a la espera que el país del norte les dé permiso de ingresar (cosa que, con mucha probabilidad, nunca va a pasar). “Tercer país seguro”, lo llamó Donald Trump. En realidad, eso va a convertir a Guatemala en un gran “campo de concentración” para esas enormes masas de población que buscan llegar al “sueño americano”, centroamericanos en principio (mayormente hondureños y salvadoreños), además de otros países dentro y fuera del continente (caribeños, sudamericanos, africanos y asiáticos). Si bien Giammattei Falla, el presidente recién electo, afirmó que “habría que revisar ese acuerdo” con Washington, negociado y firmado en forma espuria y casi-secreta por la actual administración guatemalteca, su historia política y su perfil ideológico permiten pensar que en modo alguno se convertirá en un obstáculo para la Casa Blanca. Por el contrario, seguirá fiel a la tradición de “perro faldero” de los gobiernos centroamericanos con relación al amo imperial. Todo indica que no habrá ningún cambio allí. Si lo hubiera, habría que verlo para creerlo. Las razones de la presión y amenazas económicas y políticas del Norte, especialmente de su presidente Donald Trump, se deben a que:

  • Tienen un carácter electoral. Dada la gradual pérdida de pujanza de la economía estadounidense (luego de la Segunda Guerra Mundial aportaba el 52% del producto mundial, ahora no llega al 20%; la desigualdad, la pobreza y la inseguridad crece entre sus ciudadanos), el mensaje proselitista de Trump buscó encender pasiones en la clase trabajadora de su país buscando una explicación sencilla, mecánica, efectista. La apelación a un chivo expiatorio como los “migrantes que roban puestos de trabajo” es un buen expediente. Ante una situación de crisis que no cesa, la masa ciudadana estadounidense puede “dejarse” convencer con facilidad con esa pseudo-explicación. De hecho, evidentemente, pudo votar a favor de ese discurso xenófobo, y no sería improbable que pueda volver a hacerlo en las próximas elecciones. De todos modos, la causa de la pérdida de dinamismo de esa economía no son los extranjeros indocumentados: es la crisis general del capitalismo, la desaceleración y posible recesión económica mundial y la recomposición a nivel global del sistema, con nuevos polos que empiezan a destronar a Estados Unidos como la economía más poderosa del mundo.
  • Contienen un racismo y xenofobia extremos. El llamado a levantar muros inexpugnables se fundamenta en un racismo visceral que atraviesa buena parte de la cultura media estadounidense, de la cual Trump es un claro exponente. En algunos de sus ya famosos mensajes por redes sociales, en el 2018 dijo que los migrantes latinoamericanos son “muy malos”, y no son personas, sino animales; y los lugares de donde provienen son “países de mierda”. De ahí la necesidad de defenderse a muerte de esa “invasión”. Por lo pronto el gobierno federal tolera grupos civiles armados (no autorizados legalmente) que se constituyen en “cazadores” de inmigrantes que cruzan la frontera, matándolos a sangre fría. Todo ello es el telón de fondo que permite la aparición de desquiciados mentales que, como en el caso de El Paso, Texas, buscan aniquilar “invasores (aliens) hispanos”. El mensaje supremacista blanco está en el aire.
  • Manipulan un chantaje económico que está latente y persiste. Es absolutamente mentira que los latinoamericanos y caribeños que llegan en condiciones paupérrimas al “sueño americano” disputan puestos de trabajo con ciudadanos estadounidenses. Eso es una ignominiosa falacia. El endurecimiento de las condiciones migratorias, además de los motivos antes señalados, sigue siendo un buen mecanismo para el capital, a modo de mantener en su nivel más bajo posible los salarios. Se podría decir: “ejército de reserva industrial” a nivel global. Una buena masa de desocupados/desesperados proveniente de países empobrecidos sirve para ser chantajeada ya en suelo norteamericano, azuzándola con el fantasma de la “Migra” y las posibles deportaciones. Es decir: se le fuerza a trabajar en las peores y más insanas condiciones, so pretexto de ser deportada. ¿Dónde quedan las tan cacareadas libertad y democracia entonces?

En este escenario, para evitarse el problema en sus propias fronteras, la Casa Blanca optó por “mantener en espera” a los migrantes que quieren llegar a su territorio mientras se resuelve su situación migratoria, en países vecinos. De esa cuenta, Guatemala fue designada como ese lugar. En otros términos: depósito, o campo de concentración, para la inmensa cantidad de personas que buscan la supuesta salvación de Estados Unidos.

Lograr ese acuerdo –más imposición de Washington que negociación de igual a igual entre ambos países– significó que el gobierno de Morales Cabrera aceptara silenciosamente lo impuesto por Trump. El acuerdo se hizo en completo hermetismo, saltándose todas las normativas constitucionales. De ahí que, en el seno de la sociedad guatemalteca, levantó las más ásperas y enconadas críticas. Un país que no puede resolver cuestiones básicas para su propia población (por ello alrededor de 300 connacionales salen diariamente hacia el presunto “american dream”), no está ni remotamente en condiciones de albergar a más gente. Y mucho menos, ofrecerles calidad de vida a futuro. El acuerdo firmado definitivamente complicará más aún la ya explosiva conflictividad social actual. El presidente electo, Giammattei Falla, seguramente terminará aceptando mansamente lo impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –Cicig– se ha ido. Hay mucho que decir al respecto, y de hecho, ya se ha dicho muchísimo, tanto penando su salida, como festejándola. La presidencia de Morales Cabrera se encargó a la perfección de lograr un marcado espíritu anti Cicig, disfrazando la crítica (¿el miedo a ser investigado?) con una pretendida defensa de la soberanía, contrariando la presunta “injerencia” foránea con un acendrado espíritu de unidad nacional y patriotismo (al mismo tiempo que se ha arrodillado deshonroso ante la Casa Blanca aceptando un ignominioso acuerdo para mantener migrantes en el territorio guatemalteco impidiendo que lleguen a Estados Unidos de América).

De todos modos, si bien la Cicig procedía a impulsar el trabajo contra la impunidad y la corrupción, tal como era su mandato, no tuvo durante varios años el impacto que alcanzaría en su último período. Comenzó a tomar especial notoriedad durante la presidencia demócrata de Barack Obama en Estados Unidos. Allí, en 2014, tuvo lugar un boom mediático con la gran cantidad de niñas y niños migrantes no acompañados provenientes de los países centroamericanos, detenidos en la frontera sur del país norteamericano. Ello trajo como consecuencia la iniciativa de Washington de intentar frenar con un Plan para el desarrollo del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador), los enormes flujos migratorios, por lo que surge la idea de una iniciativa específica para paliar, al menos en parte, esas salidas masivas. Dicho de otro modo: minimizar los factores expulsores.

En esa lógica es que la Casa Blanca decide pedir/exigir un mayor compromiso de los Estados centroamericanos en la atención de los satisfactores mínimos y elementales de sus poblaciones, buscando así que la gente no emigre en forma tan multitudinaria hacia el supuesto “sueño americano”. La estrategia consistió en fomentar un mayor compromiso de los gobiernos de los países de la región (Guatemala, Honduras, El Salvador) en la recaudación fiscal, a partir de la cual poder desarrollar planes sociales que hicieran más tolerable la vida en estos lares. Dicho de otro modo: generar más oportunidades de trabajo y mejorar las durísimas condiciones de vida de las poblaciones (reformas en salud, educación, vivienda, acceso a tierras cultivables, acceso a microcréditos). Surge así el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. Su condición: bajar los índices de corrupción de los Estados para que los mismos estén en condiciones de ofrecer mejores servicios, en el entendido de que aquélla es el factor principal que obstaculiza el bienestar.

Es en esa perspectiva política que el gobierno de Estados Unidos levantó exponencialmente el perfil de la Cicig en el país, siendo el representante de Washington, el por ese entonces embajador Todd Robinson, el virtual "mandamás" que lideró la lucha contra la corrupción. “Toca al gobierno y a la gente de Guatemala luchar cada día contra la corrupción y el crimen organizado. Me da rabia francamente la situación acá. Toca al gobierno, toca a las autoridades locales cambiar su situación. Nosotros podemos ayudar, pero ellos tienen que cambiar su situación”, declaró en alguna oportunidad en una precaria escuela rural en el departamento de Izabal, mostrando que la corrupción (¡y no la injusticia estructural!) es la causa de las penurias de la población. ¿Estados Unidos preocupado por la corrupción en Centroamérica? Dudoso, sin dudas. Se jugaba ahí el proyecto de detener las migraciones masivas y no otra cosa.

Allí, entonces, se agiganta la figura del ex-comisionado Iván Velásquez y de la entonces Fiscal General y la exjefa del Ministerio Público Thelma Aldana. Para el 2015, esa “lucha” frontal contra la corrupción alcanza su pico máximo, se visibiliza mediáticamente como no se había hecho hasta entonces, y la Cicig es su abanderada. La derecha, ese Pacto de Corruptos que ahora domina ampliamente las distintas instancias del aparato estatal: Poder Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, Contraloría de Cuentas, Superintendencia de Administración Tributaria, con el aval de Washington y sin un campo popular y una izquierda que sean realmente alternativas de poder en este momento, seguramente comenzará a pasar factura a quienes “osaron” levantar las tapas del infierno y denunciar la podredumbre reinante. Amparado en el anonimato, un exfuncionario público, detenido a partir de una investigación llevada adelante por la Cicig, dijo a la agencia noticiosa Reuters: “Ahora ya tenemos la lista de los investigadores y fiscales que nos la van a pagar por haber sido tan mala gente con todos nosotros”. Seguimos con una última tercera parte de este ensayo: ¿Qué escenarios se esperan con Giammattei presidente y la derecha conservadora envalentonada?

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1. Quemé Chay, R. (2019). Amor Patrio ¡Nel! Revista Plaza Pública. URL Guatemala.

Escrito por Marcelo Colussi, analista político e investigador social, y Mario de León, consultor, investigador, analista y ensayista internacional.

Marcelo Colussi
Marcelo Colussi Nacido en Argentina. Estudió piscología y filosofía. Vivió en varios países latinoamericanos. También es investigador social y escritor. Desde hace varios años radica en Guatemala. mmcolussi@gmail.com, https://www.facebook.com/marcelo.colussi.33 https://mcolussi.blogspot.com/

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