Analista: Obama y Biden, criminales de guerra según Carta de ONU

Por: David Lindorff La mayoría de los estadounidenses, cuyas mentes en la actualidad sólo se centran en la trágica masacre, a manos de un psicópata de 21 años fuertemente armado, de 20 niños entre los 5 y los 6 años de edad, junto a sus maestros y un director de escuela en Connecticut, está felizmente ajeno al hecho de que su anterior presidente, George W. Bush, junto a otros cinco miembros claves de su administración, fueron recientemente condenados en ausencia por crímenes de guerra en un tribunal de Kuala Lumpur, Malasia. Ellos no están al tanto porque las corporaciones mediáticas de los Estados Unidos han ignorado la noticia, al igual que han obviado que los crímenes por los cuales han sido condenados Bush, el vicepresidente Dick Cheney, el anterior secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y otros cinco abogados de la Casa Blanca, podrían aplicarse todos al actual presidente Barack Obama y su Administración. A principios de este mes, Bush, Cheney, el consejero de la Casa Blanca (y luego fiscal general) Alberto González y otros fueron declarados culpables por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad relacionados con las órdenes ejecutivas que dieron comienzo a las guerras de Irak y Afganistán, así como autorizar y dejar impune los actos de tortura y otros crímenes de guerra cometidos por efectivos estadounidenses, tanto militares como de la CIA. Según el experto en derecho internacional Francis Boyle, profesor de derecho en la Universidad de Illinois, de acuerdo con la Convención de Ginebra, la impasividad respecto al procesamiento de quienes sean culpables de crímenes de guerra, tales como el “crimen contra la paz” (invadir países que no representan una inminente amenaza para el atacante), y la tortura son crímenes de guerra en y por sí mismos. Durante un discurso en una conferencia de Derechos Humanos celebrada en la Universidad del Sagrado Corazón en Puerto Rico, una isla colonia, Boyle dijo que las autoridades de los Estados Unidos, incluyendo el presidente Obama, estaban involucrados en una “conspiración criminal en desarrollo según las leyes internacionales”, ambas para cubrir y proteger a criminales como Bush, Cheney y Rumsfeld, y continuar cometiendo crímenes de guerra por parte de la Administración norteamericana. Un argumento para ambos casos, la sentencia del tribunal malasio contra Bush, Cheney y sus colaboradores, y las imputaciones de Boyle contra Obama y su Gobierno, viene interesantemente del propio asesor de la Administración del presidente George Bush, González. Como explicara en mi libro Caso de impugnación (Editorial St. Martin, 2006), sobre los crímenes de guerra de Bush y Cheney y las ofensas impugnables, González, el 25 de enero de 2002, en un memorándum en apoyo a la tortura de terroristas sospechosos capturados, alertó al presidente Bush de que “es difícil predecir las intenciones de los fiscales y asesores independientes, quienes podrían decidir en el futuro presentar cargos injustificados en base a “la Convención de Ginebra y los Actos de Crímenes de Guerra. Luego, continuó con su prudencia argumentando que en caso de que el presidente fuera acusado y condenado por crímenes de guerra, la sentencia potencial podría “incluir la pena capital.” En el mismo informe, cuyo tono se asemeja más al de un abogado de la mafia que al de un asesor legal juicioso, González le comunicaba al presidente que como asesor legal presidencial, estaba haciendo una resolución en que la tortura a prisioneros de Al Qaeda y taliban podría ser legal, con vistas a garantizar una cobertura legal para el presidente y su Gabinete, que “redujera sustancialmente la amenaza de enjuiciamiento penal dentro de los EE.UU. por cometer crímenes de guerra.” Como podemos apreciar, Bush y González no tenían de qué preocuparse. Sin embargo, Obama durante su campaña inicial para la presidencia en 2008, prometió que quería restaurar el respeto a la ley y la Constitución; una vez electo presidente, él y su fiscal general, Erick Holder, rápidamente dejaron claro que ellos “miraban hacia adelante, no al pasado” y que no habría enjuiciamientos o procesos por crímenes de guerra contra nadie de la Administración Bush. El hecho es que, por el momento, tanto Obama como AG Holder se han convertido en criminales de guerra según la Carta de las NN.UU. y los Principios de Nuremberg que declaran que el encubrimiento de crímenes realizados por gobiernos anteriores y líderes militares, así como dejar impunes estos actos, son en sí mismos crímenes de guerra. Sin embargo, como expresara Boyle en su discurso en San Juan, Puerto Rico, Obama, el vicepresidente Joseph Biden y varios de sus secretarios de Defensa, de Estado y el director de la CIA y los jefes de Estado Mayor del Pentágono, así como el personal de la Admnistración de Obama, son culpables de perpetrar crímenes de guerra en desarrollo por sí mismos. Boyle acusa al Gobierno de Obama de llevar a cabo una guerra “fingida” contra el “terrorismo internacional” que incluye la creciente campaña de ataques con aviones no tripulados en Paquistán, Afganistán, Somalia, Yemen y otras jurisdicciones. Además, calificó el programa de “asesinatos selectivos” del presidente , en los cuales Obama en persona elabora el “listado de muertes”, como un caso de “puro asesinato”, bajo las leyes tradicionales británicas y las leyes internacionales, y expresó que esos ataques constituyen un “crimen de lesa humanidad, según el artículo 7(1)(a) de los Estatutos de Roma para la corte Penal Internacional.” Podría parecer quimérico que Obama, laureado con el premio Nobel de la Paz, fuera enjuiciado por algún país, al menos no mientras sea presidente, pero la reciente sentencia contra Bush, Cheney y varios de sus asesores legales en un tribunal en Malasia, sugiere que en un futuro podría haber tribunales similares y condenas para el personal de la actual administración. Mientras el descomunal poder militar y económico norteamericano hace improbable que ninguno de los líderes jubilados se vea en el muelle de La Haya como los criminales de guerra de Serbia, Bosnia o Ruanda, es posible que este tipo de cargos y sentencias pueda, al menos, hacerlos más reacios a viajar al extranjero en edad avanzada, como el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de la Administración Nixon, Henry Kissinger. ybm/ab/