La condena fue emitida en un principio en febrero por las críticas en 2015 de Rayab, el destacado activista pro derechos humanos, contra el régimen de Al Jalifa, así como contra Riad por sus bombardeos contra Yemen. En junio pasado, un tribunal de apelaciones bareiní confirmó la condena, aunque señaló que es apelable ante la Corte de Casación.
A la referida condena se suman otros dos años de cárcel contra el activista por haber difundido “informaciones falsas” —en entrevistas con medios extranjeros— a la hora de criticar a los Al Jalifa por el acto de tortura contra los presos políticos.
Tras conocer el fallo de la Corte de Casación, varios grupos defensores de los derechos humanos han condenado la medida. Entre ellos se destaca Amnistía Internacional (AI) que ha tachado el sistema de justicia de Baréin de “farsa completa”.
La decisión de mantener la condena de Nabil Rayab (...) expone el sistema de justicia de Baréin como una farsa completa. Su trato por las autoridades bareiníes es completamente inaceptable”, ha señalado Lynn Maalouf, directora de investigación de AI para Oriente Medio, a raíz del acto de la Corte de Casación de Baréin de ratificar cinco años de cárcel contra el referido activista pro derechos humanos.
“La decisión de mantener la condena de Nabil Rayab (...) expone el sistema de justicia de Baréin como una farsa completa. Su trato por las autoridades bareiníes es completamente inaceptable”, ha señalado, este mismo lunes por medio de un comunicado, Lynn Maalouf, directora de investigación de AI para Oriente Medio.
Maalouf, del mismo modo, al considerar a Rayab como un “preso de conciencia”, ha llamado a las autoridades bareiníes a “anular su condena y sentencia y liberarlo de forma inmediata”.
Baréin ha arrestado en varias ocasiones a Rayab por sus críticas al régimen de Al Jalifa, a sus políticas y a la represión ejercida sobre la población.
Unos 127 grupos no gubernamentales pro derechos humanos instaron en agosto a Baréin a “liberar inmediatamente” a Rayab después de que las Naciones Unidas denunciara su detención como “arbitraria” y “discriminatoria”.
De hecho, los activistas y organizaciones de derechos humanos acusan a Manama de tratar de silenciar cualquier voz disidente desde la revuelta de 2011, brutalmente reprimida con la ayuda e intervención del Ejército de Arabia Saudí.
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