“Las medidas de control permiten que el Ministerio del Interior imponga toda una serie de restricciones, como prohibir a una persona salir de determinada localidad, exigirle presentarse ante la Policía todos los días y prohibirle contactar con ciertas personas”, señala un comunicado emitido ayer jueves por la oenegé.
La organización no gubernamental agrega que, aún después de un año desde el levantamiento del estado de emergencia en Francia, el sistema judicial del país “actúa contra personas basándose en criterios vagos e imprecisos, se apoya en información secreta y no ofrece posibilidades reales de defensa”.
Según AI, el Gobierno francés ha hecho permanentes medidas antiterroristas que en su origen se pensaron como temporales, y que se basan en criterios imprecisos, como lo que una persona podría hacer en el futuro, en vez de delitos realmente cometidos.
Las medidas de control permiten que el Ministerio del Interior imponga toda una serie de restricciones, como prohibir a una persona salir de determinada localidad, exigirle presentarse ante la policía todos los días y prohibirle contactar con ciertas personas”, señaló el jueves la organización no gubernamental Amnistía Internacional en un comunicado.
Estas medidas dan aliento a prácticas abusivas y discriminatorias que afectan sobre todo a la comunidad musulmana, concluye el documento.
Un estudio del Instituto Nacional de Estudios Demográficos (INED) reveló a principios de 2018 que la comunidad musulmana de París (capital del país), particularmente las mujeres, habían afirmado ser objeto de discriminación permanente a causa de su religión.
Por ello, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reprochó en octubre a Francia por imponer multas a mujeres musulmanes que llevan velo islámico.
Francia, que cuenta con unos cinco millones de musulmanes entre su población, se convirtió en el primer país europeo en prohibir el velo de cuerpo entero el 11 de abril de 2011.
ahn/mla/hgn/rba
