Reformar el sistema electoral y el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), reconstruir el estado de derecho según las normas de la Constitución nacional, investigar de manera justa los incidentes registrados en las protestas de abril con la participación de organismos de derechos humanos internacionales y respetar la integridad de manifestantes y sus familias forman los reclamos que planteó el viernes el sector privado.
Entre tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Gobierno nicaragüense crear una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) para realizar un “estrecho seguimiento” de todas las medidas que adopta Managua, con el fin de asegurarse que las cosas avanzan conforme a los “estándares internacionales”.
De este modo, informó su decisión para formar un equipo especial encargado de vigilar la situación de los Derechos Humanos en Nicaragua, luego de que la Administración del presidente Daniel Ortega rechazara el pasado 1 de mayo la petición del organismo para “observar en terreno la situación de Derechos Humanos” en el país centroamericano.
Las autoridades nicaragüenses enfatizaron que se trata de un asunto interno y que ya cuenta con la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, creada en el seno del Parlamento. Además, se refirieron a un Comité de Víctimas que la Procuraduría nacional para la Defensa de los Derechos Humanos ha conformado para “recibir las denuncias, investigar, determinar responsabilidades y establecer los castigos y las reparaciones que establece la ley”.
Nicaragua vive momentos tensos desde el inicio del pasado 18 de abril por la polémica reforma del INSS, aprobada el pasado 16 de abril, que pretende aumentar la contribución de empresas y trabajadores, al tiempo que reduce un 5 % las pensiones.
El Gobierno denuncia que detrás de esas protestas violentas existe una “conspiración” impulsada por grupos con financiación estadounidense y del narcotráfico, pero ha aceptado dialogar con los empresarios.
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