Durante esos días, los jornaleros han protagonizado diversas protestas, durante las cuales la policía mexicana ha agredido y detenido a cientos de ellos, quienes solicitan aumento del salario por jornada de trabajo, y el fin de las condiciones de vida miserable, horas extras que no son abonadas, y, en general, la explotación laboral, entre otros.
Además, piden otorgarles a las madres trabajadoras seis semanas antes y después de un parto y a los padres cinco días de descanso con goce de sueldo; eliminar la tolerancia al acoso sexual a mujeres por parte de ingenieros, mayordomos generales y de cuadrilla e ingenieros encargados de los ranchos.
La situación se mantiene tensa en la región. La mayoría de los comercios, incluyendo estaciones de gasolina y supermercados, siguen cerrados y a lo largo de la carretera Transpeninsular los manifestantes prenden fogatas.
Los obreros afirman que se mantienen de pie luchando por mejoras salariales y humanas, en especial para mujeres y niños, e incluso amenazan que de no recibir respuestas adecuadas boicotearían el mercado estadounidense.
Según han explicado los líderes de ese movimiento, el paro continuará hasta mañana 25 de marzo fecha en la que se reanudarán las negociaciones con el Gobierno, y han asegurado que de no alcanzar un resultado se reanudará el paro.
En tanto, el representante de los patrones, Alberto Muñoz, ha pedido tiempo para dar respuesta a las peticiones salariales de los jornaleros, y prometido regresar con respuestas más no con propuestas.
Los rubros que se cosechan en Baja California van al mercado mundial de exportación a través de su comercialización en Estados Unidos, lo que contrasta con las condiciones laborales de miles de jornaleros, la mayoría indígenas.
Cifras oficiales indican que el 46.8 % de la población del valle de San Quintín no cuenta con servicios de salud y que la mayoría de los peones no pasó del cuarto grado de la escuela primaria.
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