“La sociedad civil tenía razón para estar preocupada por el TTIP. Deberíamos parar las negociaciones y comenzar el debate”, dijo ayer domingo Faiza Oulahsenla, activista de la sección holandesa de Greenpeace Faiza, a la vez que anticipaba que filtrarían 248 páginas de documentos secretos al día siguiente a las 9H00 GMT, es decir, este lunes.
Pocos días después de las últimas protestas masivas en Alemania contra el proyecto de acuerdo entre la UE y EE.UU., la asociación ecologista estima que el borrador que filtrará hoy, elaborado en abril, “confirma las amenazas para la salud, el medioambiente y el clima”.
De aprobarse el Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés) en su estado actual, la UE eliminaría la norma que permite a sus Estados miembros regular el comercio para “proteger la vida, la salud humana, la fauna y la flora”.
“La sociedad civil tenía razón para estar preocupada por el TTIP. Deberíamos parar las negociaciones y comenzar el debate”, reclama la activista de Greenpeace Holanda Faiza Oulahsen.
Con la supresión de esa regla, consignada en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, en inglés) de 1947, Washington y Bruselas estarían imponiendo un régimen “que sitúa los beneficios por delante de la vida y la salud de los humanos, los animales y las plantas”.
Siempre según esta oenegé, quedarían además relegados los objetivos de la reducción de emisiones de gas CO2 y se olvidaría por completo el “principio de precaución” vigente en la UE, que prohibe la distribución de productos cuya falta de nocividad no esté demostrada.
Ese principio ha permitido hasta ahora a la población de los Estados miembros de la UE permanecer a salvo de los riesgos que comportan, por ejemplo, los productos químicos que provocan trastornos hormonales: según qué pesticidas, carnes tratadas con hormonas u organismos genéticamente modificados que podrían perjudicar la salud y el medioambiente.
“El tratado pondría los intereses de las grandes empresas en el centro del proceso de decisión político y legislativo en detrimento del medioambiente y la salud pública”, denunció también ayer el director de la unidad europea de Greenpeace, Jorgo Riss.
En el documento se refleja la inmensa influencia de las grandes empresas en los procesos legislativos, tanto de EE.UU. como de los países europeos, y se plantea que ambas partes deben consultar su posición con “la industria”. Sin embargo, el informe publicado en febrero por la UE apenas hace una “leve mención” a esa contribución de las corporaciones.
Greenpeace constata los privilegios de las grandes empresas que participan en la creación de las normativas, antepuestos incluso a la salud, el medioambiente y los derechos de los trabajadores y, por otra parte, el “escaso” acceso de la sociedad civil a información sobre lo que se negocia.
Partidos minoritarios como el español Izquierda Unida (IU), a través de la eurodiputada Marina Albiol, han denunciado, de hecho, el sospechoso secretismo en las negociaciones entre EE.UU. y la UE, que se dieron a conocer en 2013.
El tratado pondría los intereses de las grandes empresas en el centro del proceso de decisión político y legislativo en detrimento del medio ambiente y la salud pública”, denuncia el director de la unidad europea de Greenpeace, Jorgo Riss.
Los constantes impedimentos que se han puesto a los egisladores de la UE para acceder a la información sobre las negociaciones han llevado incluso a autoridades del Gobierno francés a asegurar que la falta de transparencia podría causar el abandono por la parte europea.
Sin embargo, la Comisión Europea descartó en septiembre que los Parlamentos europeos puedan opinar sobre TTIP u otros pactos secretos de desregulación comercial, como el Acuerdo de Comercio de Servicios (TiSA, en inglés), en el que, además, figuran países algunos americanos: Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú y Paraguay, o el Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA, en inglés), entre Canadá y la UE.
Tal secretismo en la adopción de medidas de gran calado político, que dejan al margen a los representantes políticos, contrasta con la pretendida “democracia” de los Gobiernos europeos. Hace ocho días se reveló un acuerdo secreto entre Alemania, Francia, Italia y Luxemburgo para crear una “unión general de Estados”, con aun mayores cesiones de soberanía a Bruselas por parte de los países europeos.
Además se sospecha que este proceso de “integración”, decidido al margen de la voluntad de los pueblos europeos, ha sido dirigido desde su mismo principio, la década de los 50, por los organismos de Inteligencia de EE.UU., según documentos desclasificados por el Departamento de Estado de Washington.
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