• El ministro de Exteriores polaco, Witold Waszczykowski (izda.) y el embajador alemán en Polonia, Rolf Nikel (dcha.), ofrecen una conferencia de prensa tras una reunión en el Ministerio de Exteriores, Varsovia (capital polaca), 11 de enero de 2016.
Publicada: lunes, 11 de enero de 2016 14:49

El Ministerio de Exteriores polaco convoca al embajador de Alemania después de que destacados políticos alemanes hayan puesto en entredicho las últimas medidas legislativas tomadas por Varsovia.

El ministro de Exteriores polaco, Witold Waszczykowski, se ha reunido este lunes con el embajador de Alemania en Varsovia, Rolf Nikel, para transmitir la preocupación de su Gobierno ante las declaraciones "antipolacas" de diversos políticos alemanes.

Las relaciones con Alemania no atraviesan una crisis, por lo que no hay que rebajar ninguna tensión", ha declarado el ministro de Exteriores polaco, Witold Waszczykowski.

Esta cartera informó el domingo, mediante un breve comunicado, de su decisión de convocar al representante diplomático de Alemania, después de que prominentes políticos germanos pusieran en entredicho las últimas medidas legislativas aprobadas por el Gobierno nacionalista-conservador de la formación Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco).

El ministro del país centroeuropeo, tras el encuentro, ha lamentado la existencia de "un gran desconocimiento de la realidad de Polonia", y ha propuesto que los políticos alemanes visiten su país para conocer de primera mano que el estado de la democracia no es tan preocupante como piensan.

Waszczykowski, por otra parte, ha detallado que "las relaciones con Alemania no atraviesan una crisis, por lo que no hay que rebajar ninguna tensión", declaraciones que contrastan con las del líder de su partido, Jaroslaw Kaczynski, quien rechazó antes del encuentro diplomático las críticas de la Unión Europea (UE), en particular las de Alemania, y reiteró que el Gobierno continuará con las reformas previstas.

"Ninguna presión, ninguna palabra, sobre todo las que puedan venir de los labios de políticos alemanes, nos apartarán de este camino", dijo Kaczynski ante sus partidarios el domingo en Varsovia, y agregó; "Repararemos Polonia, aplicaremos nuestro programa".

Miles de personas se manifiestan en Varsovia, capital de Polonia, contra las políticas del Gobierno hacia los medios de comunicación, 9 de enero de 2016.



Una de las críticas vino del presidente del partido germano Unión Demócrata Cristiana (CDU, por sus siglas en alemán), Volker Kauder, quien defendió que la UE ha de "tener la valentía de acordar sanciones" contra Polonia, "cuando se vulneran los valores europeos los Estados miembros de la UE".

A pesar de las protestas, el pasado 28 de diciembre, el presidente polaco, Andrzej Duda, ratificó la controvertida reforma del Tribunal Constitucional, unas enmiendas en las que destacan leyes como el control de los medios de comunicación públicos, el que el Constitucional necesite el acuerdo de 13 de sus 15 jueces para emitir sentencia (hasta ahora eran nueve) o eliminar el redactado sobre la independencia del tribunal.

Mientras que la oposición, que acusa al Gobierno polaco de querer controlar el TC, y el bloque comunitario considera que la reforma del Constitucional limitará sus competencias, el diputado de la Plataforma Ciudadana (PO, en su abreviatura polaca), Andrzej Halicki, llegó a calificar la medida de "golpe de Estado".

El próximo miércoles, la Comisión Europea (CE) discutirá la situación del Estado de derecho en Polonia tras la aprobación de la polémica ley, después de que diversos dirigentes alemanes hayan señalado en los últimos días la necesidad de discutir las iniciativas adoptadas por Varsovia, especialmente por leyes que coartan algunos derechos elementales.

La CE podría llegar a ejecutar el mecanismo creado en marzo de 2014 para salvaguardar el Estado de derecho en la UE, diseñado para complementar los procedimientos de infracción para casos de violación del derecho comunitario. Como último recurso para resolver una crisis existe el llamado "procedimiento del artículo 7" del Tratado de Lisboa, que, en su aplicación más rigurosa, permite la suspensión del derecho de voto, en caso de una "violación grave y persistente" de los valores de la UE por parte de un Estado miembro.

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