El ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este lunes que en España no hay ni un preso político y que todas las personas que han sido enviadas a las cárceles han violado las leyes.
En sus declaraciones se ha referido al caso de Cataluña y ha desmentido las declaraciones de los proseparatistas que insisten en que los dirigentes catalanes detenidos son, en realidad, presos políticos.
“En España no hay nadie que esté preso por sus ideas, sino porque así lo ha determinado una autoridad judicial por estimar que ha cometido un delito”, ha afirmado el ministro en su discurso durante un evento de entrega de medallas a miembros de la Secretaría de Estado de Seguridad.
Del mismo modo, ha recordado que en España la ley es igual para todos y ha advertido de que los que se saltan las normativas y tratan de llevar a cabo actos y medidas ilegales no se deben sorprender si terminan enfrentados con el peso de la ley.
En España no hay nadie que esté preso por sus ideas, sino porque así lo ha determinado una autoridad judicial por estimar que ha cometido un delito”, asegura el ministro de Interior español, Juan Ignacio Zoido.
Además, el titular del Interior ha responsabilizado de la situación en Cataluña a los que han incumplido de manera deliberada la Constitución y que han tratado de aprovecharse de los poderes otorgados por el Estado para avanzar su propia agenda ilegal.
“Los únicos responsables de lo que está pasando son quienes han incumplido de manera deliberada y reiterada la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Ley, a pesar de las advertencias y requerimientos realizados por la Fiscalía y el Tribunal Constitucional”, ha dicho.
El 27 de octubre las autoridades regionales catalanas fueron destituidas como resultado de la aplicación de las medidas del artículo 155 de la Constitución española presentadas por el Ejecutivo central, en respuesta a la “ilegal” declaración secesionista de Cataluña por el Parlamento regional.
En la actualidad, varios altos cargos de la Generalitat se encuentran en la cárcel por decisión de la juez Carmen Lamela, mientras que sobre el destituido presidente catalán, Carles Puigdemont, pesa una orden de arresto.
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