• Artur Mas insiste en continuar su lucha por el referéndum catalán
Publicada: domingo, 5 de febrero de 2017 17:04
Actualizada: domingo, 5 de febrero de 2017 21:10

Los independentistas están decididos a mantener su pulso con el Gobierno español, dice el expresidente regional un día antes de ser juzgado en Barcelona.

“Nos querían arrodillados y nos encontrarán de pie”, ha dicho Artur Mas al cerrar este domingo una rueda de prensa previa a su enjuiciamiento, mañana lunes, por organizar el 9 de noviembre de 2014 una consulta prohibida por los tribunales sobre una hipotética secesión catalana.

El expresidente de Cataluña (2010-2016) ha defendido en todo momento lo que hizo y ha proclamado su determinación “a continuar”, calificando de “decisión correcta” la organización del plebiscito informal, que “volvería a hacer” de repetirse las circunstancias, “como pasará este año”.

Nos querían arrodillados y nos encontrarán de pie”, ha declarado el expresidente del gobierno regional catalán Artur Mas.

Aludía ahí Mas al proyecto de gobierno presidido por su sucesor, Carles Puigdemont, de celebrar un referéndum vinculante, tras el que las autoridades catalanas aseguran tener la intención de declarar una República independiente, si se pronuncia a favor de ello el 50 % de los votantes, más uno. Madrid lo considera ilegal y “absurdo”.

La causa defendida por los separatistas catalanes es la “de la democracia (…) una causa universal”, ha asegurado Mas, que será juzgado de lunes a viernes por desobediencia y prevaricación junto a las dos exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega.

A su juicio, se trata de un juicio político, al igual (“más de lo mismo”) que la detención el jueves de una veintena de personas relacionadas con el antiguo partido de Mas, Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), por el llamado “caso del 3 %” de presuntas comisiones ilegales para financiar la formación política.

 

“Cuando pasa algo importante, siempre se actúa igual y siempre con los mismos”, ha dicho Mas, en una acusación apenas velada a las autoridades del Gobierno español, en manos del Partido Popular (PP), de hacer un uso político y partidista de la justicia de manera recurrente.

La consulta de 2014 fue suspendida pocos días antes por el Tribunal Constitucional español, pese a lo cual la Generalitat la llevó a cabo, apoyándose en unos 42.000 voluntarios, y con la participación de 2,3 millones de votantes, en una región de 7,5 millones de habitantes. Los opuestos a la independencia habían llamado a no votar.

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