“Todos somos testigos de una peligrosa trayectoria bajo la Presidencia de Trump que ya ha provocado una emergencia de Derechos Humanos”, ha afirmado este martes el director ejecutivo de la organización no gubernamental Amnistía Internacional Estados Unidos, Paul O’Brien, quien ha denunciado que la actual Administración “intenta imposibilitar que se les exijan responsabilidades” mediante el “desmantelamiento de las normas y la concentración del poder”.
Según O’Brien, estas políticas “aumentan el riesgo para periodistas y personas que se manifiestan o se oponen, abogados, estudiantes y defensores de Derechos Humanos”, en un contexto marcado por la restricción del espacio cívico y el debilitamiento de los controles institucionales.
La ONG ha presentado un nuevo informe titulado ‘Suena la alarma: aumento de las prácticas autoritarias y erosión de Derechos Humanos en Estados Unidos’, en el que documenta más de una decena de ámbitos en los que Washington “está socavando los pilares de una sociedad libre” como consecuencia del cierre del espacio cívico y el debilitamiento del Estado de derecho.
El documento identifica doce áreas interconectadas, entre ellas los ataques a la libertad de expresión y de reunión pacífica; las presiones contra organizaciones de la sociedad civil y universidades; el hostigamiento a opositores y críticos políticos; así como la erosión de la independencia de jueces, abogados, del sistema legal y del debido proceso.
Amnistía Internacional también ha documentado “los ataques a los derechos de las personas refugiadas y migrantes, la conversión de comunidades en chivos expiatorios y el retroceso de las protecciones contra la discriminación”, además del uso de las Fuerzas Armadas para fines internos, el desmantelamiento de la rendición de cuentas corporativa y de las medidas anticorrupción, la expansión de la vigilancia sin una supervisión significativa y los intentos por socavar los mecanismos internacionales de protección de los Derechos Humanos.
Estas “tácticas autoritarias se refuerzan mutuamente”, ha denunciado la organización. En ese sentido, ha señalado que “estudiantes detenidos por protestar en campus universitarios, comunidades enteras inundadas y aterrizadas por agentes enmascarados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y la militarización de ciudades en todo Estados Unidos se está normalizando”.
“Al mismo tiempo, la intimidación de la prensa dificulta la denuncia de las violaciones y abusos de Derechos Humanos, las represalias contra las protestas hacen que la gente tema hablar, la expansión de la vigilancia y la militarización incrementa el costo de la disidencia, y los ataques a tribunales, abogados y organismos de supervisión dificultan la rendición de cuentas”, ha añadido.
Amnistía ha recordado que lleva “tiempo” documentando “patrones similares” en distintos países del mundo. “Si bien los contextos difieren, los gobiernos consolidan el poder, controlan la información, desacreditan a los críticos, castigan la disidencia, limitan el espacio cívico y debilitan los mecanismos destinados a garantizar la rendición de cuentas”, ha subrayado la ONG.
“El ataque al espacio cívico y al Estado de derecho, así como la erosión de Derechos Humanos en Estados Unidos son un reflejo del patrón global que Amnistía ha observado y advertido durante décadas. Es importante destacar que nuestra experiencia demuestra que, cuando las prácticas autoritarias se consolidan plenamente, las instituciones destinadas a frenar los abusos de poder ya se encuentran gravemente comprometidas”, ha declarado O’Brien.
Por último, Amnistía Internacional ha proporcionado una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades estadounidenses, la comunidad internacional, las empresas y la ciudadanía, “con el objetivo de revertir” esta situación. Asimismo, ha exigido “medidas urgentes para proteger el espacio cívico, restablecer las salvaguardas del Estado de derecho, fortalecer la rendición de cuentas y garantizar que las violaciones no se ignoren ni se acepten como inevitables”.
La política exterior estadounidense ha estado marcada por intervenciones directas e indirectas en América Latina, Oriente Medio y Asia, muchas veces justificadas en nombre de la seguridad o la democracia. Sin embargo, informes internacionales documentan que dichas acciones han derivado en violaciones de derechos humanos, debilitamiento institucional y pérdida de soberanía en los países afectados, alimentando críticas sobre la coherencia de Washington en esta materia.
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