La Corte Penal Internacional (CPI) denunció el miércoles que las sanciones impuestas por Estados Unidos a cuatro de sus magistrados y fiscales constituyen un “ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial”.
Estados Unidos sanciona a dos jueces y dos fiscales de la CPI por llevar a cabo investigaciones sobre crímenes de guerra en Gaza y en Afganistán, entre otros.
Las medidas de Washington afectan al juez francés Nicolas Guillou, que preside un caso en el que se emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, así como a la jueza canadiense Kimberly Prost, vinculada a la investigación sobre crímenes cometidos durante la guerra en Afganistán. También fueron sancionados dos fiscales adjuntos: Nazhat Shameem Khan, de Fiyi, y Mame Mandiaye Niang, de Senegal.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, detalló que las sanciones incluyen la prohibición de entrada en Estados Unidos y el bloqueo de activos financieros.
En un comunicado, la CPI afirmó que “apoya con firmeza a su personal y a las víctimas de atrocidades inimaginables”, y subrayó que continuará cumpliendo su mandato “sin importar restricciones, presiones o amenazas”.
Las sanciones fueron criticadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyo portavoz, Stéphane Dujarric, advirtió que la decisión “supone un grave impedimento al funcionamiento de la oficina del fiscal de la CPI” y recordó que “la independencia judicial es un principio básico que debe respetarse”.
Por su parte, el Gobierno de Francia expresó su “consternación” ante la medida, al considerarla “contraria al principio de independencia de la justicia”. En su declaración, París reiteró su apoyo “sin fisuras” a la CPI y destacó que “su papel es esencial en la lucha contra la impunidad”.
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