El Departamento de Estado de Estados Unidos difundió el lunes un comunicado en el que anuncia una recompensa de cinco millones de dólares a cambio de información “que conduzca al arresto o la condena de Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho”, quien se desempeña como presidente de la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip) de Venezuela, entre otros cargos, bajo acusaciones de tener vínculos con “el crimen organizado transnacional”.
Según la nota, Ramírez Camacho “ha violado la confianza pública conspirando para lavar fondos ilícitos obtenidos en Venezuela” durante el ejercicio de cargos públicos en el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
“Junto con el Programa de recompensas de narcóticos, más de 75 traficantes de narcóticos importantes han sido llevados ante la justicia desde que comenzaron estos programas en 1986. El Departamento de Estado ha pagado más de 130 millones de dólares en recompensas por información que conduzca a esas detenciones”, expresa el texto.
Asimismo, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, acusó una vez más al Gobierno de Maduro de ser una “dictadura”, agregando que los venezolanos “merecen un gobierno que hayan elegido libremente y cuyos oficiales no conspiren con aliados para participar en delitos de robo al pueblo”.
Ante tal coyuntura, la Cancillería del país bolivariano denunció que esta medida coercitiva se enmarca dentro de la política de máxima presión de EE.UU. hacia Venezuela, destacando que la Administración estadounidense, presidida por Donald Trump, busca distraer la atención de la opinión pública mediante el reforzamiento de sus prácticas ilegales contra Venezuela, con el objetivo de obstaculizar el derecho a la paz y el desarrollo del país sudamericano.
“Venezuela denuncia ante la comunidad internacional este sistema de cínicos ataques del Gobierno de Donald Trump contra la seguridad e integridad de las instituciones venezolanas y sus funcionarios”, apostilla el comunicado.
El Gobierno de Trump ha intensificado sus presiones y amenazas políticas y militares contra Venezuela en momentos en los que se enfrenta a diversas críticas por su mala gestión ante la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la enfermedad COVID-19, y en los últimos días, por la brutal represión policial de las protestas en diferentes ciudades estadounidenses tras la muerte de afrodescendiente George Floyd por un policía blanco.
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