El magistrado Edward M. Chen falló la tarde del miércoles a favor de la demanda presentada por varios inmigrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). La sentencia pide que “de inmediato” se prohíba la deportación de más de 300 000 inmigrantes originarios de El Salvador, Haití, Nicaragua, Honduras y Sudán.
Al respecto, el juez de San Francisco (California) determinó que “el Gobierno no ha podido establecer el daño real de mantener el statu quo”, una situación vigente desde hace dos décadas y alertó que la deportación provocaría un “daño irreparable” para los inmigrantes y sus familias.
“De hecho, en todo caso, los demandantes han establecido que la economía local y nacionalidad se verán perjudicadas si cientos de miles de beneficiarios del TPS son expulsados”, señaló Chen.
De hecho, en todo caso, los demandantes han establecido que la economía local y nacionalidad se verán perjudicadas si cientos de miles de beneficiarios del TPS (Estatus de Protección Temporal) son expulsados”, señala el juez estadounidense Edward M. Chen.
De acuerdo con documentos oficiales, más de 263 000 son beneficiarios de TPS de El Salvador, 58 000 de Haití, 5000 de Nicaragua y 1000 de Sudán.
El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump había ordenado a los inmigrantes de estos cinco países que prepararan “su salida” de Estados Unidos o buscaran una alternativa migratoria legal.
Los nicaragüenses podían beneficiarse del TPS hasta enero de 2019, los haitianos, hasta julio de 2019; los salvadoreños, hasta septiembre del 2019, y los hondureños, hasta enero del 2020. Mientras los sudaneses debían abandonar el país el próximo mes de noviembre.
Con la orden del juez norteamericano, los inmigrantes pueden seguir bajo el estatus TPS más allá de las fechas fijadas por Trump.
El TPS es un programa migratorio creado en 1990 que Estados Unidos concede de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
A finales de septiembre, el mandatario estadounidense volvió a bajar el número de refugiados que puede acoger Estados Unidos. Según informes de la fiscalía estadounidense, Trump ha recortado un 33 % de los 45 000 actuales, y el techo de acogida de familias se sitúa en 30 000 para el ejercicio fiscal de 2019.
Las medidas racistas del inquilino de la Casa Blanca contra los inmigrantes han sido denunciadas como “inadmisibles” y “una tortura” por diferentes entidades, entre ellas la Organización de las Naciones (ONU) y la oenegé Amnistía Internacional (AI). Además, han sido criticadas por los propios estadounidenses, incluso por la primera dama de EE.UU., Melania Trump.
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