“No vamos a permitir que grupos opositores nos lleven al retroceso de todo lo logrado”, ha destacado María Hidalgo, representante de la Coordinadora Campesina, parte de la mencionada red.
No vamos a permitir que grupos opositores nos lleven al retroceso de todo lo logrado”, ha destacado María Hidalgo, representante de la Coordinadora Campesina, parte de la mencionada red.
Al denunciar los planes desestabilizadores de la oposición que, a su juicio, buscan paralizar las actividades agropecuarias en el país andino, ha resaltado el llamado a "dialogar" como una medida propia de la Administración de Rafael Correa, ya que, recuerda, no se ha visto en anteriores gobiernos.
El pasado junio, el Gobierno llamó a todos los ecuatorianos a participar en el Diálogo por la Equidad y la Justicia Social, con el fin de resolver las discrepancias provocadas por los proyectos de Ley de Herencias y Plusvalía.
Por su parte, Alexandra Lavayen, la presidenta de la Red de Organizaciones Campesinas y Comunes Unidas por el Buen Vivir, ha subrayado que los campesinos defienden las políticas del Gobierno y ha puntualizado que estas no solo facilitan la entrega de tierras a los campesinos, sino también el acceso a créditos para la producción agropecuaria.
Otro miembro de esta red, Carlos Moreira, ha hecho hincapié en que, si es necesario, los campesinos tomarán las calles para respaldar a las políticas del Gobierno que han beneficiado mucho al sector agrícola.
El anunciado paro ha provocado también la reacción de Correa. En su cuenta de Twitter, el mandatario ha escrito que los sectores que convocaron al paro en rechazo al Gobierno no tienen apoyo, ni legalidad, ni legitimidad para desestabilizar a una de las administraciones más populares de la historia ecuatoriana.
El viernes, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), también, denunció y condenó la violencia que impulsa la derecha con fines golpistas en Ecuador.
El jefe de Estado ecuatoriano, que reiteradas veces ha invitado a la oposición a sentarse a la mesa de diálogo para solventar la crisis en el país, afirma que las movilizaciones de la derecha forman parte de un plan desestabilizador dirigido por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés).
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