El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha denunciado este martes las presiones sobre el sistema judicial en vísperas del veredicto contra el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), previsto para el próximo lunes. Uribe ha sido investigado por presuntos delitos de soborno, fraude procesal y soborno de testigos.
“Veo la enorme cantidad de presiones sobre la justicia que se ha desatado”, ha afirmado Petro en un mensaje publicado en su cuenta de X, subrayando que, como mandatario, “nunca” se ha pronunciado sobre el caso judicial que se sigue contra Uribe. “Consideré mi deber no hacerlo por respeto a él y al juez de su caso y a la justicia en general”, ha añadido.
En cuanto a las presiones jurídicas, Petro también ha hecho un llamado a proteger la independencia de los jueces y el debido proceso. De acuerdo con el presidente de Colombia, quien ejerza la judicatura —hombre o mujer— tiene el deber y el derecho de actuar con “plena imparcialidad, independencia y objetividad”. “Mi obligación como mandatario es proteger esa decisión, cualquiera que sea su contenido y sin importar quién la dicte”, ha concluido.
Nunca, siendo presidente, me he pronunciado en el caso judicial que se sigue al expresidente Alvaro Uribe Vélez.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 22, 2025
Considere mi deber no hacerlo por respeto a él y al juez de su caso y a la justicia en general.
Veo la enorme cantidad de presiones sobre la justicia que se ha…
Esta es la primera vez que el mandatario colombiano ha abordado públicamente el proceso, reiterando que durante su presidencia ha mantenido una postura de respeto hacia la justicia y se ha abstenido de intervenir públicamente en este caso.
El presidente ha acompañado su declaración con un enlace a una columna del exmagistrado José Gregorio Hernández, quien ha denunciado las presiones que —según él— ha recibido la jueza a cargo del caso, calificando estas acciones como “verdaderamente deplorables y merecedoras de un rechazo absoluto”.
El próximo 28 de julio, la jueza Sandra Heredia anunciará el veredicto contra el expresidente Álvaro Uribe, quien —al concluir sus alegatos reiteradamente— ha reafirmado su inocencia y asegurado haber “dicho siempre la verdad”.
Este proceso se ha prolongado por más de diez años y ha tenido varios altibajos: primero, cuando el expresidente renunció al Senado para evitar ser investigado por la Corte Suprema de Justicia; y segundo, por la insistencia del exdirector de la Fiscalía, Francisco Barbosa, en intentar absolverlo de los cargos que se le imputaban, como fraude procesal y soborno a testigos.
Los abogados del expresidente Uribe han dilatado tanto el proceso que, si su situación jurídica no se define durante 2025, el caso podría precluir por vencimiento de términos.
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