El jefe del Estado Juan Manuel Santos solicitó a los congresistas que den luz verde "lo más pronto posible" del sistema integral de justicia previsto en el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firmado en noviembre tras cuatro años de negociaciones en La Habana, Cuba.
Santos, que hizo la solicitud durante la posesión del nuevo ministro de Justicia, Enrique Gil, en reemplazo de Jorge Londoño, calificó la enmienda en la Carta Magna como "la más importante" y la "columna vertebral" del pacto con la guerrilla.
La reforma constitucional instaurá el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que incluye la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ideada para juzgar a guerrilleros, agentes estatales y civiles que hayan cometido delitos "en el contexto y en razón" del conflicto armado.
Según el pacto de paz, quienes confiesen crímenes atroces ante un tribunal especial podrán evitar la cárcel y recibir penas alternativas. Si no lo hacen, y son declarados culpables, serán condenados a penas de ocho a 20 años de prisión.
Los rebeldes señalados de delitos políticos o conexos serán amnistiados, desde que no estén acusados de delitos graves contra los derechos humanos, como secuestro, tortura, desplazamiento forzado, violencia sexual o reclutamiento de menores. Para los miembros de la fuerza pública se aplicará la renuncia de la persecución penal, en caso de que no estén acusados de delitos contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
A juicio de Santos, "Es una urgencia que el país entero clama". Sin embargo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), estimó, esa misma jornada, que a pesar del acuerdo que se implementa con las FARC, el fin más de medio siglo de conflicto armado en Colombia "tomará décadas".
En 2016, "a pesar de la indudable mejoría de la situación humanitaria", el organismo "documentó 838 posibles infracciones del DIH y otros principios humanitarios que afectaron a más de 18.600 personas", señaló en su reporte anual.
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