La advertencia de la CIDH se produjo después de que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, presentara una serie de iniciativas para reformar la justicia penal militar a fin de permitir a los tribunales castrenses juzgar delitos contra civiles cometidos por militares.
La advertencia de la CIDH se produjo después de que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, presentara una serie de iniciativas para reformar la justicia penal militar a fin de permitir a los tribunales castrenses juzgar delitos contra civiles cometidos por militares.
“Está prohibido juzgar violaciones de Derechos Humanos por la justicia penal militar, aún cuando fueran cometidas por militares en servicio activo”, subrayó la CIDH tras una audiencia celebrada en Washington, capital de Estados Unidos, sobre las iniciativas del Gobierno de Santos.
La propuesta de Bogotá asimismo fue criticada duramente por otras organizaciones como el Observatorio de Derechos Humanos (HRW, por sus siglas en inglés) pues considera que la medida dejaría sin juzgar las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de militares, conocidas como “falsos positivos”.
Al final de la audiencia, el comisionado José de Jesús Orozco aseguró al Estado que la CIDH tiene "una fuerte posición" con respecto a este tema en todos los países de América Latina.
En un intento para justificar la medida, el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Andrés González Díaz, afirmó asimismo que las Fuerzas Armadas colombianas han tenido que afrontar problemas muy diferentes que el resto de América Latina, como la pobreza o las guerrillas que “creían que llegarían al poder por la violencia y no por el diálogo”.
En 2013, la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional una ley para reformar el fuero penal militar con el argumento de que contenía vicios de forma, lo que obligó al Gobierno a presentar una nueva iniciativa, que la Cámara de Representantes de Colombia aprobó a finales de 2014.
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