Según los informes, pese a la existencia de un acuerdo para enviar trabajadores chinos a los territorios ocupados palestinos, el Gobierno de Pekín no permitirá que trabajen allí.
Por el momento, las conversaciones tropiezan con varios problemas, incluyendo el empleo de estos inmigrantes en los asentamientos en Judea y Samaria”, asegura un funcionario israelí.
Entre tanto, el diario israelí Haaretz citó a un alto funcionario israelí, que habló bajo condición de anonimato, informando de las conversaciones en marchas entre China y el régimen israelí sobre este tema.
“Por el momento, las conversaciones tropiezan con varios problemas, incluyendo el empleo de estos inmigrantes en los asentamientos en Judea y Samaria”, situadas en Cisjordania, declaró la fuente.
Dicho funcionario enfatiza en que durante los diálogos, Pekín quiere garantías de que sus obreros no trabajen en las citadas regiones, al recordar la postura china sobre la creación del Estado palestino y su oposición a la presencia israelí en los territorios palestinos.
Aunque todavía no ha habido reacción alguna por parte del Gobierno chino al respecto, la posición de Pekín es clara; ha condenado en reiteradas ocasiones la continuación de la construcción de viviendas ilegales israelíes en los territorios palestinos, considerándola un obstáculo para llegar a una paz duradera en la zona.
Aun cuando casi toda la comunidad internacional se opone a la violación flagrante del régimen de Tel Aviv, el primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, se comprometió a acelerar la construcción de tales asentamientos.
Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Checa, Lubomír Zaorálek, condenó esta medida israelí que obstaculiza el camino hacia la paz con los palestinos, para después añadir que estas actitudes de Israel hacen que dejen de apoyarlo.
En otra parte de sus declaraciones, el jefe de la Diplomacia checa advirtió que el régimen de Tel Aviv podría enfrentarse a más aislamiento internacional y que su país ve cada vez más difícil mantener una postura a favor de ese régimen, a menos que este último cambie su política en Cisjordania y la Franja de Gaza.
Cabe recordar que más de medio millón de israelíes viven en asentamientos ilegales construidos desde la ocupación, en 1967, de los territorios palestinos en Cisjordania y Al-Quds (Jerusalén), pese a que la Convención de Ginebra prohíbe construir en terrenos ocupados.
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