Piñera anunció el viernes que los grandes empresarios ya no se verán favorecidos con un proyecto de ley para rebajar los impuestos a los más ricos del país. La decisión se anunció en medio de una nueva marcha masiva en Santiago, capital del país, para exigir mejoras sociales.
El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, confirmó que el Gobierno había desechado la devolución de impuestos que establecía que las empresas que pagaran sus tributos liberaban de hacerlo a sus dueños y socios: un punto muy criticado por la oposición.
Sin embargo, esta devolución implicaba una pérdida en las recaudaciones valorada en 800 millones de dólares, según la cifra oficial.
En Chile, el 10 % de la población gana un 7,8 % más que el 90 % restante, y el 65 % de los 18 millones de chilenos gasta más de sus ingresos, según los datos presentados por Leonardo Moreno, representante de la Fundación para la Superación de la Pobreza.
Decenas de miles de personas volvieron a reunirse el viernes en la céntrica Plaza Italia de Santiago para repetir los reclamos de mejoras sociales y la posibilidad de redactar una nueva Constitución.
Sin embargo, la marcha se convirtió en un campo de batalla entre manifestantes antigubernamentales y agentes de la policía, que reprimieron indiscriminadamente a la multitud con gases lacrimógenos y cañones de agua.
Las manifestaciones en Chile comenzaron hace casi dos semanas en contra del alza de las tarifas del metro, hasta exigir, después, la renuncia del presidente del país, al que responsabilizan de los problemas económicos por sus medidas neoliberales.
La Policía ha reprimido a los manifestantes usando munición real y gases lacrimógenos.
La Administración de Piñera reconoció el miércoles por primera vez las violaciones de los derechos humanos en las protestas en Chile.
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Las medidas de austeridad del Gobierno chileno han provocado el peor estallido social desde el retorno a la democracia en 1990, hasta el punto de que la oposición prepara un juicio político contra Piñera.
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