“Existen pruebas razonables que sustentan la denuncia”, ha afirmado este miércoles el relator del caso en el Supremo, el juez Alexandre de Moraes. En su intervención, el jurista ha asegurado que el exmandatario ultraderechista “conocía, manejaba y discutía el borrador” en el que se redactó el plan golpista para derrocar al actual presidente, Luiz Inácio Lula Da Silva, en enero de 2023.
Los jueces también han imputado por unanimidad a siete aliados de Bolsonaro por los delitos de rebelión e intento de golpe de Estado. Entre los imputados se encuentran el exministro de Justicia Anderson Torres, los antiguos titulares de Defensa Walter Braga Netto y Paulo Nogueira; el exjefe de Gabinete de Seguridad, Augusto Heleno Ribeiro, y el exdirector de Inteligencia Alexandre Ramagen.
En total, la Fiscalía investiga a 34 personas del círculo del expresidente, aunque los siete acusados mencionados son el “núcleo crucial” de los episodios violentos de aquel 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes de Bolsonaro atacaron las sedes de los tres poderes estatales en Brasilia, en un intento golpista contra Lula.
“La organización criminal siguió todos los pasos necesarios para deponer al Gobierno legítimamente elegido. Objetivo que, buscado con todo el empeño, no se hizo realidad por circunstancias que los denunciados no consiguieron superar: la resistencia del Ejército y medidas de excepción”, ha detallado De Moraes. Otros jueces, a su vez, han denunciado que Bolsonaro y sus socios intentaron, sin éxito, “desmontar la democracia” en el país.
Ahora, el exmandatario, sus siete socios y los jueces han de recabar pruebas y tomar declaración a testigos, antes de que el tribunal finalmente tome una decisión. La corte puede sentenciar a Bolsonaro a hasta 40 años de cárcel por estos delitos.
Tras conocer el resultado de la votación, Bolsonaro ha tachado de “infundadas” las acusaciones en su contra y afirmado que este “teatro procesal” busca evitar que pueda presentarse a las elecciones de 2026, pese a que ya fue inhabilitado por la Justicia Electoral.
Esto se produce mientras que la Fiscalía ha presentado pruebas de la existencia de un plan para llevar a cabo no solo un golpe de Estado, sino también los asesinatos del presidente Lula da Silva, el vicepresidente, Geraldo Alckmin, y el juez del Supremo, Alexandre de Moraes, en el denominado plan ‘Puñal verde y amarillo’.
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