El magistrado Edson Fachin, instructor en la Corte Suprema de las investigaciones de irregularidades en torno a la constructora Odebrecht en Brasil, ha aceptado un pedido de la fiscal general, Raquel Dodge, quien solicitó que se incluyera al mandatario de facto en la investigación y que se la prorrogara por 60 días más.
Fachin, encargado de la Operación Lava Jato en el Tribunal Supremo Federal, accedió a ambos requerimientos y dio a la Policía Federal un plazo de 60 días para que cierre el caso.
La investigación se basa en la confesión de Cláudio Melo Filho, uno de los exdirectivos de Odebrecht que aseguró a la Justicia brasileña que en 2014 participó en una cena en la que la cúpula del ahora gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) discutía cómo repartirse los valores de los sobornos.
Cuando el caso salió a la luz, el año pasado, el entonces procurador general Rodrigo Janot decidió que Temer no fuera incluido en el caso porque no podía ser investigado por hechos ocurridos antes de su mandato, ya que accedió a la Presidencia en 2016, tras la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.
Pero Dodge, sucesora de Janiot, resaltó que “todos son iguales ante la ley y no hay inmunidad penal” y sostuvo que la investigación es una forma de evitar que se pierdan pruebas.
Temer, de 76 años, se convirtió en el primer mandatario en ejercicio en ser acusado de un crimen común, cuando el fiscal general Rodrigo Janot pidió el 26 de junio su inculpación por corrupción pasiva, como presunto beneficiario de un soborno ofrecido por la gigante de la alimentación JBS a cambio de favores para la empresa.
Todos esos casos, sin embargo, podrán llegar a los tribunales a partir del 1 de enero de 2019, cuando Temer concluirá su mandato y entregará el cargo al ganador de las elecciones previstas para el próximo octubre.
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