“En este caso, la comisión de fiscales emitió la ampliación de imputación formal en contra de Roxana Lizárraga”, afirmó el martes el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe, durante una rueda sobre el proceso judicial que acusa además a Arturo Murillo y Luis López, otros dos ministros de la expresidente de facto Jeanine Áñez.
Según las investigaciones realizadas, indicó Quispe, la acusada se reunió el 15 de noviembre de 2019 con personal policial de Ecuador a fin de concordar la provisión ilegal de armamentos, como equipos antimotines, gases y demás explosivos, al gobierno de Áñez.
En este sentido, la autoridad fiscal detalló que el conjunto de armas traslado de Ecuador a Bolivia incluyen una carga de 5000 granadas de mano LG-302, 2389 proyectiles de largo alcance y 560 de corto alcance, 500 granadas de sonido y destello.
Además, afirmó que Lizárraga está bajo orden internacional de captura, puesto que se encuentra en EE.UU. y no acudió el mes pasado a una audiencia en La Paz, capital boliviana, para ofrecer declaración.
“Queremos ser enfáticos que el Ministerio Público en ningún momento actúa políticamente, no realiza persecuciones políticas y reiteramos el compromiso de defender los intereses de la sociedad”, aseveró.
Durante las marchas tras el golpe de Estado en Bolivia contra el presidente Evo Morales, la Policía bajo orden de Áñéz reprimió fuertemente con armas y agentes químicos a los manifestantes que se oponían al statu quo. La represión policial y militar dejó al menos 36 víctimas mortales y más de 800 heridos.
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