• Fiscalía de Bolivia pide 10 años de cárcel para exministros de Áñez
Publicada: jueves, 13 de enero de 2022 22:31
Actualizada: viernes, 14 de enero de 2022 3:19

La Fiscalía General de Bolivia acusa formalmente a dos exministros de Gobierno y Defensa del periodo ‘de facto’ de Áñez por daños económicos al Estado.

El titular del Ministerio Público boliviano, Juan Lanchipa Ponce, informó el jueves de la presentación ante la autoridad judicial de la acusación formal en contra de nueve personas, incluidos los extitulares de Gobierno, Arturo Murillo, y Defensa, Fernando López, del gobierno de facto (noviembre de 2019, noviembre 2020) de Jeanine Áñez por compra irregular del material antidisturbios, lo que causó daños económicos al país de 16 millones de bolivianos (2,3 millones de dólares).

“En este caso, el Ministerio Público emitió la acusación formal, debidamente sustentado, basado en 37 pruebas testificales y 179 pruebas documentales secuestradas en la investigación que corresponde al proceso de contratación en los Ministerios de Gobierno y Defensa. También se tiene una pericia de auditoria forense realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que demuestra claramente el daño económico causado al Estado, entre otros elementos probatorios”, ha anunciado el fiscal boliviano.

Murillo y López están acusados del “uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, entre otros”, precisó Lanchipa e indicó que el Ministerio Público solicitó la pena máxima para este tipo de delitos, que es de 10 años más agravantes.

 

La acusación también incluye a otros seis funcionarios del Ministerio de Defensa y uno de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC. por su presunta participación en el proceso de contratación directa para la adquisición excepcional de gases antidisturbios o antimotines destinados a la Policía Boliviana que los utilizó en la represión de las protestas de 2019.

Durante las marchas tras el golpe de Estado en Bolivia contra el presidente Evo Morales, la Policía bajo orden de Áñéz reprimió fuertemente con armas y agentes químicos a los manifestantes que se oponían al statu quo. La represión policial y militar dejó al menos 36 víctimas mortales y más de 800 heridos.

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