El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia, en un comunicado conjunto informaron el jueves que el gobierno de facto de la expresidenta Jeanine Áñez y sus ministros del entonces gabinete firmaron el 3 de diciembre de 2019 un decreto supremo n.º 4090 que autorizó al Ministerio de Defensa la “adquisición excepcional” de gases lacrimógeno para la Policía boliviana a fin de reprimir al pueblo.
Más tarde, el 12 de diciembre del mismo año, el decreto n.º 4116 fue reemplazado con el 4090 que permitía la Cartera de Defensa la contratación directa en el extranjero de material bélico, bienes de uso militar y otros materiales relacionados, para garantizar la seguridad y la capacidad de defensa del gobierno de facto.
El último decreto tampoco tardó tanto y el 27 de febrero de 2020, Áñez y sus ministros dedicaron al Ministerio de Defensa un monto de 5,6 millones de dólares mediante el Decreto Supremo n.º 4168 para adquirir agentes antidisturbios y gases antidisturbios.
También, la Justicia boliviana afirmó que en dichos casos se había demostrado que Áñez había dado soborno a funcionarios como el exministro de Defensa, Arturo Murillo, quien fue arrestado el 26 de mayo en Estados Unidos por corrupción y lavado de dinero.
Tras el triunfo de Morales en las elecciones presidenciales de 2019, la oposición no aceptó el resultado y la senadora opositora Áñez se autoproclamó presidenta interina de Bolivia, lo que provocó protestas masivas de los partidarios de Morales y una brutal represión policial.
Solo en la masacre de Senkata, en el Alto, La Paz (capital boliviana), ocurrida en noviembre de 2019, murieron 10 personas en un operativo militar ordenado por el gobierno golpista para reprimir tales manifestaciones. La represión policial y militar dejó al menos 40 víctimas fatales, más de 800 heridos y 1500 detenidos.
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