• La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez arropada por un grupo de mandos de las Fuerzas Armadas en un acto oficial
Publicada: sábado, 16 de enero de 2021 1:41

La oenegé HRW acusa al gobierno “de facto” de la expresidenta de Bolivia de usar de “forma abusiva el sistema judicial para perseguir” a seguidores de Morales.

En su informe mundial de 2021, difundido el miércoles en su sitio web, la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) aludió los hechos de violencia acaecidos durante el golpe de Estado que se gestó contra el presidente de Bolivia Evo Morales en noviembre de 2019, obligándole a renunciar a su cargo el décimo día del mismo mes.

El reporte señala la actuación del gobierno de facto de la autoproclamada presidenta interina Jeanine Áñez en materia de procesos judiciales abiertos en contra de los partidarios del depuesto dirigente socialista con casos de “cargos infundados, violaciones de la libertad de expresión” y el “uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva”.

“El gobierno de Áñez presionó en forma pública a fiscales y jueces para que actuaran de manera favorable a sus intereses” y “utilizó de manera abusiva el sistema judicial para perseguir” a más de 150 personas vinculadas con el Ejecutivo de Morales “por cargos de sedición, terrorismo o pertenencia a una organización delictiva”, recoge el documento.

 

Asimismo, explica que el propio Morales se enfrentó “a cargos por terrorismo que parecían responder a motivaciones políticas” —acusaciones de las que fue absuelto por la Justicia de Bolivia apenas se restableció el orden constitucional, con la llegada al poder de Luis Arce, correligionario del líder del Movimiento al Socialismo (MAS), tras ganar las elecciones presidenciales de noviembre de 2020—.

En otra parte del informe, se califica de “masacres” los hechos de Sacaba y Senkata, ocurridos entre los días 15 y 19 de noviembre de 2019, cuando un grupo de manifestantes, que exigía el regreso del líder indígena y la salida del gobierno de facto, perdieron la vida por los disparos de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Bolivia.

“Las masacres se produjeron luego de un decreto emitido por la presidenta interina Áñez el 15 de noviembre de 2019 que otorgaba al Ejército facultades excesivamente amplias para el empleo de la fuerza contra los manifestantes. Con esto, se envió el peligroso mensaje de que los soldados no tendrían que rendir cuentas por los abusos que cometieran”, indica el texto de Human Rights Watch.

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