En un editorial publicado el domingo, Haaretz afirmó que Israel sigue legalmente obligado a permitir que representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja visiten a los palestinos secuestrados, aunque las autoridades del régimen continúan negando dicho acceso.
Israel justifica esta prohibición, acusando al Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), de haber impedido anteriormente visitas similares a los israelíes retenidos en Gaza tras la operación Tormenta de Al-Aqsa del 7 de octubre de 2023.
Antes de que HAMAS liberara a todos los retenidos israelíes, el movimiento había declarado en repetidas ocasiones su disposición a permitir visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Sin embargo, el movimiento temía revelar los lugares donde se encontraban los cautivos, ante el riesgo de que Israel atacara deliberadamente esas zonas, causando la muerte tanto de los retenidos como de combatientes de HAMAS.
Además, el periódico subrayó que todos los retenidos israelíes ya han sido liberados, por lo que no existe justificación para impedir inspecciones internacionales en los centros de detención israelíes.
El editorial vinculó el deterioro de las condiciones carcelarias a las políticas impulsadas por el extremista ministro israelí de seguridad interna, Itamar Ben-Gvir.
Según el informe, estas medidas contribuyeron a la muerte de más de 89 palestinos secuestrados debido a torturas, hambre y enfermedades.
Haaretz agregó que muchos palestinos liberados presentaban un estado de extrema desnutrición y fueron descritos como “fantasmas” y “esqueletos” tras soportar duras condiciones carcelarias.
El periódico también citó un reciente artículo del columnista estadounidense Nicholas Kristof publicado en The New York Times. El informe incluyó testimonios de 14 palestinos secuestrados liberados, quienes denunciaron abusos y violencia sexual dentro de cárceles israelíes.
Según el editorial, estos testimonios sacudieron los círculos políticos y mediáticos al exponer no solo la violencia dentro de las prisiones, sino también una estrategia israelí más amplia de secretismo y encubrimiento.
El 30 de marzo, el parlamento israelí aprobó la ley de pena de muerte para palestinos secuestrados. La ley introduce la pena de muerte obligatoria sin requerir la aprobación unánime del tribunal. Las ejecuciones se llevarán a cabo mediante ahorcamiento por el servicio penitenciario israelí en un plazo máximo de 90 días a partir de la confirmación de la sentencia.
Según las estadísticas de la Sociedad de Prisioneros Palestinos, alrededor de 9500 palestinos y árabes detenidos se encuentran actualmente en prisiones israelíes.
Amnistía Internacional (AI) ha advertido de que la ley podría afianzar aún más un sistema de apartheid y poner a Israel en confrontación directa con el movimiento mundial para abolir la pena capital, declarando que su aplicación podría constituir un crimen de guerra.
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