El sheij Abdulá al-Daqaq, una destacada figura de los seminarios religiosos de Baréin, denunció en una conferencia de prensa el uso sistemático de la tortura, la persecución y la revocación de la ciudadanía por parte de los Al Jalifa, prácticas que —según afirmó— reflejan una profunda crisis política y jurídica en el país.
“Si los Al Jalifa no reconsideran de inmediato sus acciones hostiles contra los ciudadanos y no detienen sus políticas de eliminación y presión, no tendrán otro destino que el colapso”, advirtió el clérigo.
Asimismo, instó a los organismos internacionales de derechos humanos a desempeñar un papel más activo en el monitoreo de la situación.
“La situación actual demuestra la profundidad de la crisis política y jurídica en el régimen gobernante”, señaló Al-Daqaq.
El religioso condenó específicamente la revocación de la ciudadanía de decenas de ciudadanos y sus familias, una práctica que Manama ha utilizado durante años contra activistas y clérigos considerados una amenaza para la seguridad del Estado.
Daqaq rechazó además las recientes acusaciones contra el ayatolá Sheij Isa Qasem, el clérigo chií de más alto rango bareiní, calificándolas de “completamente falsas”.
“Apuntar contra figuras religiosas y nacionales de este tipo solo fortalecerá la determinación del pueblo bahreiní”, afirmó.
Desde finales de abril, fuerzas de seguridad enmascaradas han detenido a decenas de clérigos chiíes, entre ellos Jamil al-A’ali, Mahmud al-A’ali, Radhi al-Qafas y Yasem al-Mu’min, bajo cargos no revelados, según activistas. Su paradero sigue siendo desconocido.
El Ministerio del Interior de Baréin informó en un comunicado el 9 de mayo que las autoridades habían detenido a 41 personas acusadas de afiliación al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, aunque no ofreció detalles sobre sus supuestas actividades.
El 27 de abril, el régimen de Manama revocó la ciudadanía de 69 personas y sus familias por “expresar apoyo a los ataques de Irán” contra activos estadounidenses e israelíes.
Según Al-Daqaq, los acontecimientos en Baréin y en otras partes de la región forman parte de un “proyecto dirigido” por Israel y ejecutado por “actores colaboracionistas”, destinado a socavar las creencias y comunidades chiíes.
Organizaciones de derechos humanos han criticado reiteradamente a Baréin por la revocación de la ciudadanía como forma de castigo colectivo, una práctica que, en general, está prohibida por el derecho internacional.
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