Un grupo de expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha advertido que se deben tomar medidas para salvaguardar los derechos de todos los presos en el centro penitenciario ubicado en el sur del estado insular del Golfo Pérsico, a fin de garantizar que reclusos “sean tratados humanamente y con dignidad y evitar consecuencias que pongan en peligro sus vidas”.
“Instamos a las autoridades de Baréin a garantizar condiciones de detención seguras, saludables e higiénicas para todas las personas actualmente detenidas en la prisión de Jau”, han subrayado los expertos en un comunicado divulgado este jueves por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
El documento precisa que se han recibido “denuncias preocupantes de que, desde marzo de 2024, en respuesta a las protestas de los presos para exigir mejores condiciones, a los detenidos recluidos en algunos edificios de la prisión a menudo se les niega la atención médica necesaria y no tienen acceso regular a alimentos adecuados y agua potable segura”.
“Particularmente preocupantes son las acusaciones de que las autoridades han cortado el aire acondicionado, exponiendo a los prisioneros a un calor extremo, con temperaturas que llegan a los 50°C”, denuncian los expertos, que han llamado además a “poner fin a las diversas restricciones impuestas a los movimientos de los presos y … a la interrupción de las comunicaciones con las familias”.
Advierten además que las familias de los presos han planteado el asunto ante los órganos de supervisión nacionales en varias ocasiones y, a pesar de las garantías, la situación no ha cambiado.
“Esas condiciones de detención implican obligaciones de prevenir la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y podrían resultar fatales para algunos detenidos”, dijeron los expertos.
“No es apropiado reducir los estándares como forma de castigo cuando los presos ejercen su derecho legítimo a quejarse”, han insistido los funcionarios de la ONU, al precisar que estas prácticas puede afectar gravemente la salud de los presos, exacerbando la fragilidad y vulnerabilidad de quienes ya padecen afecciones como asma, enfermedades renales o cardíacas.
“En todo momento, las personas privadas de libertad deben ser tratadas con humanidad y respeto por la dignidad inherente a la persona”, han enfatizado en su declaración.
Agregan que las autoridades de Baréin tiene el deber de garantizar que todos los detenidos bajo su custodia tengan acceso a una atención sanitaria adecuada, a alimentos suficientes, agua potable, higiene y saneamiento apropiados, así como a condiciones de ventilación apropiadas en el actual contexto de temperaturas en aumento.
“Instamos al Gobierno a que restablezca sin demora las condiciones adecuadas en todas las áreas de la prisión de Jau. También instamos … a que entable un diálogo significativo con los presos y sus familias sobre la mejora de las condiciones”, han indicado.
La declaración ha sido firmada por Alice Jill Edwards, relatora especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Michael Fakhri, relator especial sobre el derecho a la alimentación, y Tlaleng Mofokeng, relatora especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
El comunicado subraya además que los expertos han comunicado estas cuestiones directamente al gobierno de Baréin.
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