“La condena de Ibrahim Sharif a un año de prisión (…) es un escandaloso ataque a la libertad de expresión y el último ejemplo de represión insidiosa de las autoridades bareiníes contra los críticos con el Gobierno”, ha subrayado este miércoles James Lynch, director adjunto para Oriente Medio y África del Norte de Amnistía Internacional (AI).
El organismo internacional independiente que defiende los derechos humanos en todo el mundo ha repudiado el hecho de castigar a un ser humano por utilizar su derecho legítimo a hablar, y denuncia que la monarquía bareiní utilice tal método para lanzar una advertencia a todos los disidentes.
La condena de Ibrahim Sharif a un año de prisión (…) es un escandaloso ataque a la libertad de expresión y el último ejemplo de represión insidiosa de las autoridades bareiníes contra los críticos con el Gobierno”, ha subrayado James Lynch, director adjunto para Oriente Medio y África del Norte de Amnistía Internacional (AI).
Lynch ha lamentado que el régimen de Manama haya cometido, para silenciar las voces disidentes, repetidas violaciones de los derechos humanos, tales como “suprimir la libertad de expresión, de asociación y de reunión al continuar prohibiendo las manifestaciones en la capital, hostigar, intimidar y detener de manera arbitraria a los críticos con el Gobierno, y en algunos casos incluso revocar su nacionalidad, dejándolos sin Estado”.
Baréin, ha agregado, es un claro ejemplo de paí donde las libertades civiles son asaltadas de manera flagrante.
Ibrahim Sharif, ex secretario general de Sociedad de Acción Democrática Nacional (Waad), partido político opositor secular en Baréin, fue detenido en julio de 2015 tras pronunciar un discurso en un acto público celebrado para conmemorar la muerte de Husam al-Haddad, joven de 16 años que murió por disparos de la policía antidisturbios en 2012.
Sharif dio el discurso en julio, un mes después de haber sido liberado de la prisión por su papel en el levantamiento popular de 2011.
Este miércoles, una corte bareiní ha declarado culpable al activista por “incitar al odio y a derrocar al Gobierno por la fuerza”.
Cinco años después del levantamiento, las libertades fundamentales han sido reducidas cada vez más por las autoridades de los Al Jalifa, familia real gobernante en Baréin, que restringen las actividades de las asociaciones políticas y sofocan el derecho de la libertad de expresión.
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