Nisman había perpetrado delitos de malversación de caudales públicos para contratar a empleados públicos que no trabajan.
“Todo eso de la vida privada no me interesa, no me importa. Lo que sí me importa, y lo que digo hoy, es toda esa vida licenciosa y cara, muy cara”, ha declarado el jefe de Gabinete argentino, Aníbal Fernández.
Al respecto, el funcionario ha agregado que Nisman había perpetrado delitos de malversación de caudales públicos para contratar a empleados públicos que no trabajan, y, también, había incurrido en delitos de soborno, por sacarle el 50 por ciento del salario a Diego Lagomarsino.
Lagomarsino fue un exauxiliar de Nisman, quien le entregó al fiscal el arma utilizada en el disparo que causó su muerte, el pasado 18 de enero.
Fuentes locales han informado que el técnico informático pagaba mensualmente unos cinco mil dólares y depositaba 2 mil en una de las cuentas de Nisman.
La muerte de Nisman ha sido utilizada por los opositores del Gobierno argentino y por poderosos grupos de poder y medios de comunicación para tratar de vincular al Ejecutivo con el incidente.
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha denunciado que la muerte del fiscal del caso AMIA no fue un suicidio, sino una operación contra el Gobierno, y que a Nisman le plantaron pistas falsas para que denunciara al Gobierno.
Nisman estuvo acusado de mantener estrechos vínculos con los servicios norteamericanos; documentos publicados en 2010 por Wikileaks desvelan sus contactos con personal de la embajada de EE.UU. en Buenos Aires.
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